47º Grupo de Trabajo del EPU: Hechos destacados

Durante su revisión, Noruega, representada por el Sr. Even Eriksen, Secretario de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, destacó los avances significativos en materia de derechos humanos desde el diálogo anterior. Entre los principales logros cabe destacar la ratificación del Convenio sobre los trabajadores domésticos en 2021, la aplicación de la Ley de Transparencia en 2022 para mejorar la rendición de cuentas del sector empresarial en materia de derechos humanos, y el compromiso del gobierno de incorporar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad a la legislación nacional para 2025. Noruega presentó un plan nacional integral para combatir la violencia y los abusos, centrado en la prevención, el apoyo a las víctimas y el enjuiciamiento efectivo, con medidas específicas para abordar la violencia en las comunidades sami, desarrolladas en colaboración con el Samediggi. Las recomendaciones de varios Estados instaron a Noruega a reforzar las medidas para abordar la discriminación, la elaboración de perfiles raciales y los derechos de los migrantes, adoptar una definición legal de violación basada en el consentimiento y ratificar instrumentos internacionales clave de derechos humanos como la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Albania señaló que, durante la redacción del informe nacional, la sociedad civil, los expertos y las organizaciones sin ánimo de lucro participaron en las consultas. La delegación también compartió los avances actuales en materia de derechos humanos, incluida su intención de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad antes de 2027 y de modificar el Código de Familia de Albania para reconocer las uniones civiles y los matrimonios entre personas del mismo sexo antes de 2028. Se elogió a Albania por su aplicación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo y la Integración Europea 2022-2030 y por los esfuerzos realizados para combatir la corrupción. Las recomendaciones incluían reforzar las medidas para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, la corrupción, el racismo, la discriminación y la incitación al odio, poner fin al trato forzoso de las personas con discapacidad y eliminar las excepciones al matrimonio antes de los 18 años.  

Durante su examen, la República Democrática del Congo (RDC) mostró logros en el fortalecimiento de los marcos jurídicos e institucionales, con leyes promulgadas para proteger a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Los Estados elogiaron estos esfuerzos al tiempo que recomendaron nuevas medidas, como erradicar la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas, con leyes reforzadas que aborden la violencia de género y la violencia sexual relacionada con los conflictos. Las recomendaciones también instaban a la RDC a ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para abolir la pena de muerte, adaptar la legislación nacional al Protocolo de Maputo sobre derechos reproductivos y garantizar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Además, los Estados hicieron hincapié en poner fin al reclutamiento y el trabajo infantil, restablecer la moratoria sobre la pena de muerte y ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Al hablar de su informe nacional, Côte d'Ivoire explicó que había presentado un informe intermedio para el EPU, lo que significaba una buena práctica. A lo largo de la sesión del grupo de trabajo, la delegación destacó las medidas que ha adoptado para promover los derechos humanos, como su plan 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para mejorar el acceso a la justicia y la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en mayo de 2024. La delegación también explicó que actualmente está ratificando el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones, y los Convenios 189 y 190 de la OIT sobre trabajadores domésticos y acoso laboral. Entre las recomendaciones formuladas figuraban incrementar las medidas para aumentar la participación de las mujeres en las esferas pública y política, aplicar medidas para mejorar las prisiones, ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y hacer más accesible la educación a las niñas, los niños de zonas rurales y los de comunidades marginadas. 

La delegación de Portugal, encabezada por Nuno Sampaio, destacó los principales avances en materia de derechos humanos a través de su Comité Nacional de Derechos Humanos, en el que participan representantes de 20 sectores gubernamentales. La delegación esbozó los avances en varias áreas, incluidos los planes nacionales sobre vivienda, migración, trata de seres humanos, igualdad de género, pobreza e identidad de género. Además, Portugal informó de que el 82% de la electricidad del continente procede ya de fuentes renovables, y la tasa de desempleo ha descendido un 6% tras la ratificación de tres instrumentos de la OIT. El gobierno hizo hincapié en las iniciativas para proteger los derechos de las personas mayores, centrándose en su independencia y cohesión social. Portugal recibió elogios generalizados por sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza, la violencia contra las mujeres, el racismo y la promoción de los derechos de los niños y las personas con discapacidad. Su estrategia nacional contra la pobreza y su primer plan nacional contra el racismo y la discriminación fueron especialmente elogiados. Las recomendaciones se centraron en mejorar la protección de las mujeres y las niñas frente a la violencia, mejorar el acceso a una vivienda asequible y reforzar el apoyo a las personas con discapacidad. Los Estados instaron a Portugal a intensificar sus esfuerzos para combatir la trata de seres humanos y detectar mejor a las víctimas de grupos vulnerables. La delegación anunció la próxima adopción de su quinto plan de acción nacional sobre la trata de seres humanos, actualmente abierto a consulta pública.

La delegación de Bután, encabezada por S.E. el Sr. D.N. Dhungyel, destacó los avances en materia de derechos humanos, como la despenalización de la homosexualidad en 2021 y el reconocimiento mundial por la reducción de las tasas de mortalidad de menores de cinco años y de mortinatos. Bután informó de enmiendas legales para aumentar las penas por violación de menores y alinear las definiciones de acoso y tráfico de menores con las normas internacionales. El establecimiento de 18 unidades de protección de niños y mujeres por parte de la Policía Real de Bután ha tratado más de 1.600 casos de violencia doméstica y 400 de explotación sexual desde 2019. Entre las recomendaciones figuraban mejorar el acceso a la educación de los niños de las zonas rurales y ratificar instrumentos internacionales clave, como la Convención contra la Tortura (UNCAT), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). También se pidió que se cursaran invitaciones a los titulares de mandatos de procedimientos especiales de la ONU y que se creara una institución nacional independiente de derechos humanos.

Brunei Darussalam destacó las medidas adoptadas para lograr el acceso universal a la educación, la sanidad y el agua potable, junto con iniciativas como el plan nacional de jubilación y el sistema centralizado de bienestar social. La acción por el clima ocupó un lugar destacado: el país alineó las políticas nacionales con los objetivos mundiales, creó una Oficina de Cambio Climático y propuso un centro regional de cooperación de la ASEAN. La respuesta de Brunei Darussalam al COVID-19 puso de relieve su capacidad de recuperación, proporcionando vacunas gratuitas, una sólida comunicación pública y asistencia específica a los grupos vulnerables. Entre los avances legislativos cabe citar la protección de las personas con discapacidad y el refuerzo de las medidas contra la trata de personas, junto con políticas que abordan la apatridia y refuerzan las vías de ciudadanía. A pesar de los avances, los Estados miembros instaron a Brunéi Darussalam a seguir alineándose con las convenciones internacionales, abolir la pena de muerte y mejorar la protección de la libertad de expresión y de los grupos vulnerables. 

Dominica reafirmó su compromiso con los derechos humanos, destacando los progresos realizados a pesar de los retos planteados por el huracán María en 2017 y la pandemia del COVID-19. Entre los logros más destacados figuran el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Aplicación, Presentación de Informes y Seguimiento (NMIRF, por sus siglas en inglés), la adhesión a la Convención sobre Desapariciones Forzadas y la adopción de la Ley contra la Violencia Doméstica en 2023. Dominica destacó sus avances en materia de igualdad de género, con un 38,5% de mujeres en el Parlamento y la elección de su primera presidenta indígena en 2023. Otras iniciativas clave son la asistencia sanitaria gratuita para los ciudadanos mayores de 60 años, la ampliación del acceso a la educación mediante la integración de la tecnología y la mejora de la resiliencia climática en el marco del Plan de Recuperación de la Resiliencia Climática 2030. Entre las recomendaciones figuraban la abolición de la pena de muerte, la ratificación de la Convención contra la Tortura, la adopción de leyes generales contra la discriminación y la prohibición de los castigos corporales en todos los ámbitos. Dominica se mostró abierta al diálogo sobre cuestiones polémicas como la pena de muerte y se comprometió a seguir actuando en materia de derechos de las personas LGBTQI+, violencia de género y establecimiento de una INDH. La delegación subrayó su compromiso de luchar por la justicia climática como derecho humano fundamental.

La RPDC subrayó su compromiso de dar prioridad a la nutrición infantil, el acceso a la educación y la atención sanitaria. Se introdujeron nuevas leyes para proteger a las personas con discapacidad, mejorar los procesos judiciales y aumentar la disponibilidad de viviendas. También se distribuyen diariamente productos lácteos a los niños y se proporcionan uniformes escolares y transporte gratuitos. La delegación destacó las medidas para hacer frente a las catástrofes naturales y fomentar el desarrollo rural. Las recomendaciones se centraron en poner fin a los trabajos forzados, los campos de prisioneros políticos y la tortura, abordar la violencia de género, mejorar las libertades de expresión y movimiento, y ratificar las convenciones internacionales fundamentales, incluidas las de lucha contra la tortura y la discriminación. Muchos países instaron a cooperar con los mecanismos de la ONU y las organizaciones humanitarias, y pidieron transparencia en relación con las personas secuestradas y desaparecidas.

Costa Rica destacó su enfoque inclusivo a la hora de redactar su informe nacional, coordinado por su Mecanismo Nacional de Información y Seguimiento (MNII) y su Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) con consultas a la sociedad civil. La delegación mostró avances en materia de derechos humanos, como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2020, la tipificación como delito de las desapariciones forzadas y el feminicidio, y la introducción de derechos constitucionales a las telecomunicaciones y el deporte. Entre las medidas clave se incluyen leyes que abordan la acción afirmativa para los afrodescendientes, estrategias contra la incitación al odio y la discriminación, y declaraciones de emergencia para el asilo y el apoyo a los refugiados. Costa Rica también puso en marcha un mecanismo de consultas indígenas y protocolos para combatir el racismo y la xenofobia. Entre las recomendaciones figuraban despenalizar el aborto, mejorar la protección de los pueblos indígenas y los migrantes, abordar la violencia de género y garantizar una educación inclusiva. Los Estados elogiaron a Costa Rica por sus esfuerzos multidimensionales de reducción de la pobreza, su compromiso judicial con los líderes indígenas y su innovador modelo de asistencia a la migración con Panamá.

Durante la revisión de Guinea Ecuatorial, la delegación compartió que Guinea Ecuatorial ha progresado en el abordaje del derecho a la educación, como la adopción de medidas para mejorar el acceso a la educación haciendo que la educación sea gratuita y accesible y estableciendo centros de rehabilitación para que los niños en conflicto con la ley puedan continuar su educación. Además, Guinea Ecuatorial señaló que había abolido la pena de muerte y que estaba en proceso de establecer una institución nacional de derechos humanos. Los Estados elogiaron a Guinea Ecuatorial por su ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre las recomendaciones formuladas figuraban la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la adopción de medidas para mejorar la igualdad de género, como garantizar el acceso a la educación de las niñas embarazadas y combatir los estereotipos de género. 

La delegación de Etiopía, encabezada por el Excmo. Sr. Belayihun Yirga Kifle, destacó que su informe nacional era un esfuerzo de colaboración en el que participaban organismos gubernamentales, INDH, OSC, el parlamento y el mundo académico. La delegación esbozó los principales avances, incluida la actualización de las leyes electorales para mejorar la accesibilidad de las mujeres, las personas con discapacidad y las personas desplazadas. Etiopía informó de avances en materia de justicia transicional, al adoptar en abril de 2024 una política centrada en las víctimas para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y promover la reconciliación. La Comisión Nacional de Diálogo ha avanzado en la aplicación del Acuerdo de Pretoria para una paz duradera. La Iniciativa Legado Verde de Etiopía, lanzada en 2019, fue elogiada por aumentar la cobertura forestal e involucrar a millones de voluntarios en la acción climática.Entre las recomendaciones figuraban el establecimiento de una moratoria de la pena de muerte, la ratificación del Estatuto de Roma y la intensificación de los esfuerzos contra la violencia de género. Los Estados instaron a Etiopía a aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones y a impulsar su capacitación económica. También se pidió que se mejorara la calidad de la educación, en especial la de los niños con discapacidad, y que se abordaran los problemas de vivienda y saneamiento de los grupos marginados.

La delegación de Qatar, encabezada por S.E. el Dr. Hend Abdalrahman Al-Muftah, destacó los progresos realizados por Qatar en términos de sostenibilidad y compartió que Qatar ha ampliado su programa de trabajo conjunto con la OIT durante cuatro años más para continuar su labor de promoción de los derechos humanos en el mercado laboral. Qatar también ha proporcionado ayuda financiera a los países en desarrollo para mejorar la sanidad y el acceso a la educación. Durante el diálogo interactivo, otros países elogiaron a Qatar por las medidas que ha adoptado para alcanzar la Visión Nacional de Qatar 2030. Entre las recomendaciones figuraban el establecimiento de una moratoria sobre la pena de muerte y la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También recibió recomendaciones relativas a los derechos de la mujer, como retirar sus reservas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y tomar medidas para proteger a mujeres y niñas de la violencia. Además, se formularon recomendaciones sobre la trata de personas, los derechos de las personas LGBTQI+ y la protección de los niños frente a todas las formas de violencia. 

Durante la Revisión de Nicaragua, la delegación compartió que el informe preparado por la Comisión Interinstitucional, había incluido la participación de todas las ramas del gobierno y había sido validado por varios actores nacionales. La delegación describió los principales avances en la mejora de la producción, el impulso del comercio y los mercados, el desarrollo de la economía familiar, la lucha contra los efectos del cambio climático, la profundización de la igualdad de género, la promoción de ciudades inclusivas y seguras y el desarrollo de la costa del Caribe. También se destacaron logros de Nicaragua como ocupar el sexto lugar en el Índice de Equidad de Género 2024 elaborado por el Foro Económico Mundial y el segundo en número de ministras y el tercero en participación de mujeres en la Asamblea Nacional en el mapa de mujeres en política 2024 elaborado por ONU-Mujeres y la Unión Interparlamentaria.