49º Grupo de Trabajo del EPU: Hechos destacados

En 2023, Armenia presentó su tercer informe voluntario intermedio en el marco del EPU y estableció un mecanismo nacional para supervisar los avances en materia de derechos humanos. Armenia ha ratificado varios tratados internacionales clave, incluido el Estatuto de Roma. El país ha implementado reformas para promover la igualdad mediante un proyecto de ley contra la discriminación. Asimismo, adoptó su Tercer Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2025–2027). Otros esfuerzos incluyen reformas legales en apoyo a los derechos de las personas con discapacidad y de los niños, así como mejoras en la educación inclusiva y en los sistemas de protección infantil. El desarrollo social ha sido una prioridad, especialmente en los ámbitos de la educación, la salud, la infraestructura rural y la reducción de la pobreza, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las recomendaciones instaron a Armenia a adoptar leyes integrales contra la discriminación que protejan explícitamente la orientación sexual y la identidad de género, y a mejorar la rendición de cuentas de las fuerzas del orden mediante investigaciones independientes sobre abusos, tortura y uso excesivo de la fuerza, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos humanos en los centros de detención y en el poder judicial. Otras recomendaciones se centran en promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y abordar la violencia de género mediante medidas legales y de apoyo. También hacen un llamado a mejorar la protección infantil, la educación, la atención médica - incluida la salud reproductiva y mental -y a fortalecer la protección social de los grupos vulnerables.

Granada recordó que este examen se lleva a cabo en un contexto desafiante, marcado por el impacto del huracán Beryl, la crisis climática y las secuelas de la pandemia de COVID-19. A pesar de estos desafíos, el país presentó varios avances, particularmente en los ámbitos del medio ambiente, la educación, los derechos de las personas con discapacidad, la lucha contra la violencia de género y el apoyo a la sociedad civil. Granada ha fortalecido su mecanismo nacional de seguimiento en materia de derechos humanos con el apoyo de la Secretaría de la Commonwealth. En cuanto a la acción climática, el país recibió 44 millones de dólares estadounidenses del Mecanismo de Seguro contra Riesgos de Catástrofes del Caribe tras el huracán Beryl, y está trabajando con la Iniciativa Islas Resilientes para integrar soluciones basadas en los ecosistemas en su planificación. Además, en 2023, el gobierno introdujo un nuevo salario mínimo. El programa “Elevate Her”, lanzado en 2024, apoya el empoderamiento de las mujeres jóvenes, complementando la Iniciativa Spotlight contra la violencia hacia las mujeres. Granada recibió varias recomendaciones: la creación de una institución nacional de derechos humanos (INDH) conforme a los Principios de París, la abolición oficial de la pena de muerte, la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y la prohibición del castigo corporal.

Guinea destacó varias medidas, incluidas reformas legislativas como leyes sobre el acceso a la información pública, la protección de las personas con albinismo, la lucha contra la trata y la violencia de género, junto con el establecimiento de instituciones que apoyan la indemnización a las víctimas y el acceso a la justicia. La delegación también señaló los esfuerzos en curso para combatir la tortura, la violencia de género y la mutilación genital femenina, así como los preparativos para las próximas elecciones democráticas en 2025, reafirmando el compromiso del gobierno con los derechos humanos, la transparencia y la inclusión, a pesar de los desafíos existentes. Los Estados recomendaron a Guinea reformar las instituciones nacionales para cumplir con las normas internacionales y adoptar leyes sólidas contra la discriminación que protejan a los grupos vulnerables. También hicieron hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de detención, garantizar elecciones libres y transparentes con reformas constitucionales, fortalecer la independencia judicial y proteger las libertades de expresión, reunión y asociación. Además, instaron a proteger a los defensores de derechos humanos, combatir la violencia de género y la trata de personas, y reducir la pobreza mediante programas sociales específicos.

La delegación destacó las reformas legales en el sector de la justicia, la adopción de medidas contra la corrupción y políticas integrales sobre protección infantil, inclusión, emergencias sanitarias, educación, protección social y lucha contra la violencia hacia las mujeres. Guinea-Bisáu estableció el Comité Nacional para la Erradicación de Prácticas Nocivas, que está actualizando su estrategia para eliminar la mutilación genital femenina, y lanzó el proyecto “Nô tene diritu a un vida sén violência” para combatir la violencia contra las mujeres, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de protección a las víctimas y la promoción de la colaboración entre ministerios, sociedad civil y otras partes interesadas. Las recomendaciones instan a Guinea-Bisáu a fortalecer su marco de derechos humanos mediante el avance de reformas constitucionales, el establecimiento de una institución nacional independiente de derechos humanos conforme a los Principios de París, y el fortalecimiento de la independencia y la rendición de cuentas del poder judicial. También destacan la necesidad de reforzar las medidas anticorrupción y la protección de los grupos vulnerables. Además, las recomendaciones llaman a proteger y promover las libertades fundamentales - especialmente la libertad de expresión, reunión y asociación - mediante la investigación de los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, el fin de la intimidación y las detenciones arbitrarias, la reforma de leyes para alinearlas con las normas internacionales y la promoción de procesos democráticos.
 

Durante su cuarto EPU, Guyana presentó su informe nacional, elaborado en el marco de un mecanismo nacional de seguimiento establecido en 2021. Este mecanismo ha contribuido a coordinar los compromisos internacionales del país, incluso mediante consultas celebradas en 2024 con instituciones y la sociedad civil. Guyana destacó su Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono 2030, que se centra en la protección de las poblaciones vulnerables y el apoyo a más de 800 proyectos comunitarios en áreas como el ecoturismo, la energía renovable y la agricultura. Se han realizado esfuerzos en el ámbito del acceso a la educación: conectar las regiones remotas a internet y capacitar a docentes para apoyar la inclusión de niños con necesidades especiales. Guyana también destacó sus avances en materia de derechos de las personas con discapacidad, lucha contra la violencia de género y acceso a la atención médica. Entre las recomendaciones recibidas por Guyana se encuentran el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos conforme a los Principios de París, la abolición de la pena de muerte, la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo y la eliminación del castigo corporal, especialmente contra los niños.

Durante su examen, la delegación de Kenia presentó los avances realizados en el ámbito de los derechos humanos, gracias a la coordinación del Comité Nacional sobre Obligaciones Internacionales y Regionales. El país ha reforzado la protección de los derechos de la infancia, especialmente mediante la ratificación de protocolos internacionales y la adopción de una nueva Ley de la Infancia en 2022, así como un plan de acción nacional para combatir la explotación sexual en línea. La lucha contra la trata de personas se fortaleció con un plan de acción 2022 - 2027 y la creación de un fondo de asistencia a víctimas, que ha apoyado a cientos de personas, incluidas víctimas traficadas al extranjero. Kenia también ha reforzado su respuesta judicial, con un aumento de las acusaciones y condenas relacionadas con la trata. Se convirtió en el primer país de África Oriental en conectarse a las bases de datos internacionales de INTERPOL sobre explotación infantil. Los Estados recomendaron a Kenia abolir la pena de muerte y ratificar tratados internacionales clave de derechos humanos. Las recomendaciones se centraron en fortalecer las reformas legales, la rendición de cuentas de las fuerzas del orden y los esfuerzos anticorrupción, al tiempo que se protegen las libertades de expresión, reunión y prensa. Además, se alentó a Kenia a promover la igualdad de género, combatir las prácticas culturales nocivas e implementar políticas de protección social y resiliencia climática para apoyar a los grupos vulnerables.

Kiribati destacó su compromiso con los derechos humanos mediante la mejora de los servicios para las personas sobrevivientes de violencia, la inclusión de los grupos marginados en la toma de decisiones y los esfuerzos por armonizar las leyes nacionales con las normas internacionales, a pesar de las limitaciones constitucionales. La delegación nacional también subrayó los desafíos que plantea el cambio climático, la importancia de las prácticas tradicionales, las medidas de protección infantil y su plan de desarrollo a largo plazo centrado en los derechos humanos, al tiempo que reconoció las limitaciones actuales en cuanto a capacidades y recursos. Las recomendaciones instaron a Kiribati a ratificar e implementar tratados internacionales clave en materia de derechos humanos y a establecer una institución nacional independiente de derechos humanos conforme a los Principios de París. Los Estados también recomendaron reformas legales para promover la igualdad de género, despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, proteger a los grupos vulnerables y garantizar la independencia judicial, la libertad de expresión y las protecciones sociales. Además, las recomendaciones destacaron la necesidad de mejorar el acceso a los servicios esenciales, abordar el cambio climático mediante estrategias basadas en los derechos humanos y proteger a las personas desplazadas y a los sobrevivientes de pruebas nucleares.

Como parte de su política de desarrollo, el país introdujo el Programa de Desarrollo Sostenible Horizonte 2030, establecido en colaboración con la ONU para el periodo 2023 - 2027, centrado principalmente en la reducción de la pobreza en consonancia con los ODS. En cuanto a la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, Kirguistán reafirmó su compromiso, incluida la prohibición de la reclusión en régimen de aislamiento durante la prisión preventiva y la ratificación de la Convención contra la Tortura. Las autoridades informaron de un descenso continuado del número de denuncias, atribuido a la instalación de más de 900 cámaras de vigilancia en los centros de detención y a la realización de más de 3.000 inspecciones sin previo aviso. En todos los centros de detención hay buzones de quejas, y se han tomado medidas disciplinarias contra varios agentes tras las investigaciones. Entre las recomendaciones dirigidas a Kirguistán figuran la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la adopción de legislación integral contra la discriminación y el refuerzo de las medidas para combatir la trata de personas. Los Estados también animaron a seguir mejorando el marco jurídico e institucional de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
 

Durante su EPU, Kuwait destacó los numerosos esfuerzos realizados desde la presentación de su anterior informe nacional, en el marco de su «Visión para un nuevo Kuwait 2035.» Una comisión nacional permanente, compuesta por representantes de las instituciones públicas pertinentes, ha supervisado el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente a través de talleres celebrados en 2022 y 2024. En su declaración, la delegación kuwaití presentó los avances en diversos ámbitos, como las mejoras en el acceso a la sanidad, la educación, los servicios digitales y la ayuda humanitaria. Asimismo, Kuwait ha integrado la igualdad de género en su estrategia de desarrollo, en particular mediante la promoción de la iniciativa empresarial femenina, la lucha contra la discriminación y la promoción de las mujeres a puestos de liderazgo. En los centros sanitarios se han puesto en marcha programas de salud reproductiva y mental. Paralelamente, se han realizado esfuerzos en favor de los derechos de las personas mayores, que se benefician de servicios sanitarios especializados, visitas a domicilio, consultas de telemedicina y apoyo financiero y psicosocial, con el objetivo de garantizar su autonomía y dignidad. Kuwait recibió varias recomendaciones, entre ellas la abolición de la pena de muerte, la ratificación de convenios relacionados con los derechos de los trabajadores migrantes y los apátridas, la creación de una institución nacional de derechos humanos acorde con los Principios de París, la protección de las libertades fundamentales y la intensificación de los esfuerzos contra el tráfico de personas y la violencia doméstica.

La República Democrática Popular Lao destacó los avances en las reformas legales y los esfuerzos de desarrollo. El Estado aplicó estrategias nacionales en materia de derechos humanos, protección del medio ambiente, igualdad de género y protección social, al tiempo que reforzaba la cooperación con organismos internacionales y regionales como las Naciones Unidas y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. La delegación nacional compartió las medidas adoptadas en los últimos años, entre ellas las leyes que prohíben la violencia contra los niños, la ampliación del acceso a la justicia, el aumento de la participación de la mujer en la vida pública y la mejora de los marcos de gestión medioambiental y de la tierra. Los Estados recomendaron adoptar enfoques inclusivos y basados en los derechos en materia de desarrollo, acción climática y reducción del riesgo de desastres, garantizando al mismo tiempo la protección y el empoderamiento de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. Pidieron que se reforzaran las salvaguardias de los derechos humanos mediante reformas jurídicas, la creación de una institución nacional independiente de derechos humanos, la abolición o reducción de la pena de muerte, la protección de las libertades civiles y la rendición de cuentas por abusos como las desapariciones forzadas y la trata de personas. Además, subrayaron la importancia de la participación de la sociedad civil y de la armonización de las leyes nacionales con las normas internacionales de derechos humanos.

La delegación nacional destacó sus esfuerzos por alcanzar los ODS, especialmente en los ámbitos de la salud, la educación, la igualdad de género y el trabajo digno. A pesar de los progresos realizados, la pobreza, el desempleo y la inseguridad alimentaria siguen obstaculizando su desarrollo. El derecho a la salud sigue siendo una prioridad, especialmente en la lucha contra el VIH/sida. A través de campañas innovadoras como Kick 4 Life y con el apoyo de socios como USAID, el país ha reforzado su sistema sanitario. También se han logrado avances significativos en la lucha contra la violencia de género, con la adopción de una legislación integral en 2022. Esta ley prevé tribunales especializados, refugios para las víctimas y centros de rehabilitación para los agresores. Además, Lesoto ha iniciado una reflexión sobre las empresas y los derechos humanos, en colaboración con el ACNUDH y la sociedad civil, para garantizar un desarrollo inclusivo y respetuoso con los derechos. Se dirigieron recomendaciones al país, entre ellas la ratificación de la Convención contra la Tortura y el protocolo sobre la abolición de la pena de muerte, así como la prohibición de los castigos corporales.

La delegación de España explicó que su informe nacional se había elaborado sobre la base de consultas realizadas en colaboración con el Defensor del Pueblo, la sociedad civil y los ministerios competentes. Entre los avances, España presentó su segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, que abarca el periodo 2023 - 2027. La delegación también destacó los esfuerzos realizados en el ámbito de la memoria histórica. En virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022, España está comprometida con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en consonancia con las recomendaciones internacionales. España también subrayó su compromiso permanente en la lucha contra la discriminación por razón de género. Se ha redefinido la definición legal de consentimiento en los delitos sexuales. Las enmiendas al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal han aumentado las penas y mejorado el apoyo a las víctimas. A través de la iniciativa «Empresas por una sociedad libre de violencia de género», 4.693 mujeres víctimas han accedido a un empleo en los últimos cinco años. Además, se ha incrementado el apoyo a los estudios de postgrado sobre género. Se formularon recomendaciones a España sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de intolerancia, la lucha contra la trata de seres humanos y la garantía del respeto de los derechos humanos en el desarrollo de la IA.

Uno de los avances destacados durante el EPU-GT fue la creación del Instituto Sueco de Derechos Humanos en 2022, que recibió la acreditación «A» del GANHRI en 2023, lo que confirma su cumplimiento de los Principios de París. Suecia también redobló sus esfuerzos para combatir el racismo y los delitos motivados por el odio. En 2022, el gobierno adoptó cinco programas de acción específicos contra la afrofobia, el antisemitismo, la discriminación contra los romaníes, la islamofobia y el racismo contra el pueblo sami. También se modificó la legislación en julio de 2024 para proteger mejor contra la incitación al odio racista. En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, Suecia introdujo mecanismos para garantizar la participación efectiva del pueblo sami en los procesos de toma de decisiones que les afectan. La Ley de Consulta a los Sami (2022) exige a las autoridades gubernamentales y, a partir de 2024, también a los municipios y regiones, que consulten al Parlamento Sami y a otros representantes sami cuando tomen decisiones que puedan afectarles. La Comisión de la Verdad para el Pueblo Sami, creada en 2021, se encarga de investigar las políticas históricas que afectaron a los sami, difundir el conocimiento sobre sus consecuencias y proponer medidas reparadoras. Durante el EPU se dirigieron recomendaciones a Suecia, entre ellas la ratificación de convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios. También se sugirió que Suecia considerara la posibilidad de establecer un mecanismo nacional de seguimiento de las recomendaciones de los órganos de derechos humanos y prosiguiera sus esfuerzos para combatir la discriminación, el racismo y los delitos motivados por el odio.

El diálogo interactivo brindó la oportunidad de anunciar un nuevo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, elaborado con la participación de expertos nacionales e internacionales, que sucederá al plan 2021-2023. Entre las medidas destacadas por la delegación, figuraba la Tercera Estrategia de Reforma Judicial (2019-2023). Türkiye también hizo hincapié en sus políticas de apoyo a los derechos de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los ancianos, la educación y la lucha contra la violencia de género y el matrimonio precoz. El país coopera con socios nacionales e internacionales para abordar los retos de la migración irregular. Türkiye recibió recomendaciones, entre ellas ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, alinear su institución nacional de derechos humanos con los Principios de París, volver a adherirse al Convenio de Estambul sobre la violencia doméstica contra las mujeres, ratificar la Convención sobre Desapariciones Forzadas y garantizar la libertad de expresión, reunión y prensa. Otras recomendaciones se referían al cumplimiento de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la inclusión explícita en la legislación de la protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y el acceso equitativo a una educación de calidad para todos.