50.º Grupo de Trabajo del EPU: aspectos más destacados

Bielorrusia ha avanzado en las áreas de acceso a la atención sanitaria, concretamente a la atención maternoinfantil, y a la educación gratuita. Además, Bielorrusia aprobó en 2022 una ley para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad. Las recomendaciones instaban a Bielorrusia a aumentar la protección de los derechos de la sociedad civil y el restablecimiento de las libertades cívicas, centrándose en las detenciones ilegales y en los enérgicos llamamientos para la liberación de los presos políticos. También recibieron numerosas recomendaciones centradas en la reducción de las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, y en los esfuerzos de aplicación para luchar contra la tortura, la discriminación y la desigualdad de las mujeres, concretamente considerando la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW.

Liberia ha emprendido reformas legales destinadas a armonizar su legislación nacional con las normas internacionales de derechos humanos. Además, el Estado se ha comprometido a impulsar un decreto ejecutivo (2024) para el establecimiento de un Tribunal de Crímenes de Guerra y Económicos. También ha buscado activamente la cooperación internacional y la asistencia técnica para supervisar los derechos humanos. A pesar de su compromiso con la abolición de la mutilación genital femenina, las recomendaciones recibidas se centraron en la violencia sexual de género y el matrimonio infantil. Además, el Estado recibió recomendaciones centradas en subsanar las deficiencias del sistema judicial, mejorar las medidas contra la corrupción, abolir la pena de muerte y combatir la discriminación. Se alentó a Liberia a que considerara la posibilidad de ratificar los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW.

Malawi continuó sus esfuerzos por introducir mejoras en las esferas de la salud pública, la educación, la reducción de la pobreza, la discriminación hacia las minorías, la inseguridad alimentaria y de vivienda como consecuencia directa del cambio climático, y los derechos de las personas con discapacidad. Malawi ha demostrado su compromiso con las normas internacionales de derechos humanos mediante el mantenimiento y el fortalecimiento de sus instituciones nacionales de derechos humanos, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de Malawi, la Oficina del Ombudsman y la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía. Las recomendaciones formuladas a Malawi incluyeron la reforma de los servicios públicos y los centros penitenciarios, la protección de los derechos del niño, incluido el matrimonio infantil, la mejora del acceso a la justicia y la educación para todos, y el aumento de los esfuerzos para reducir la pobreza y los problemas de derechos humanos relacionados con ella (seguridad alimentaria y vivienda). Se formularon varias recomendaciones para alentar a Malawi a que considerara la posibilidad de ratificar los tratados internacionales pendientes, en concreto el Protocolo Facultativo de la CEDAW, el PIDCP y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Mongolia destacó los avances logrados desde la presentación del informe, entre ellos los avances legislativos e institucionales, como el proyecto de ley de la familia, que da prioridad a la protección de los intereses y derechos del niño, mejora los servicios de mediación y refuerza la capacidad del poder judicial en asuntos relacionados con la familia. En cuanto a los derechos de las personas de edad, Mongolia señaló las disposiciones que eximen a los pensionistas que trabajan del pago de las primas del seguro de pensiones, que obligan a las empresas con 50 o más empleados a contratar a personas de edad y que imponen sanciones por la violación de sus derechos económicos. El Estado también ha realizado esfuerzos en materia de legislación sobre el cambio climático, lucha contra la corrupción y garantía de la independencia judicial. Las recomendaciones formuladas a Mongolia abarcaban los ámbitos de la trata y la explotación, el fortalecimiento del acceso de las personas con discapacidad y la protección social, y las medidas para aumentar la rendición de cuentas y la inclusión. Además, algunos Estados mostraron su preocupación por la disolución del Comité Nacional de Derechos Humanos de Mongolia.

Panamá informó de los avances logrados desde el anterior ciclo del EPU, en particular en lo que respecta al fomento de la igualdad de género mediante la creación del Ministerio de la Mujer (2022), un paso clave para fortalecer los marcos institucionales y garantizar una respuesta nacional coordinada a la violencia de género y la promoción del empoderamiento de la mujer. La delegación también destacó los avances en la protección e inclusión de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, así como en la mejora del acceso a la educación, los servicios de salud y la protección social. Panamá hizo hincapié en la armonización continua de sus políticas de derechos humanos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las recomendaciones se centraron en seguir reforzando la protección de los pueblos indígenas y las personas de ascendencia africana, promover la no discriminación por cualquier motivo y reforzar las medidas para combatir la trata de personas y la violencia de género. Los Estados alentaron además a Panamá a seguir mejorando el acceso al agua potable y al saneamiento, en particular en las comunidades rurales y remotas, y a mejorar la implementación de las instituciones nacionales de derechos humanos de conformidad con los Principios de París.

Dentro de su marco constitucional, que establece el islam como base de la legislación, Maldivas no reconoció la libertad religiosa más allá del islam y no revisó sus reservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Convenio sobre los Derechos del Niño, así como las reservas restantes a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. No obstante, la delegación informó de reformas legislativas e institucionales para fortalecer la gobernanza y el estado de derecho, combatir la corrupción, ampliar las protecciones laborales, regular los medios de comunicación y mejorar el acceso a la justicia, incluidas reformas en todo el sistema de justicia penal. Se formularon recomendaciones a Maldivas centradas en el fortalecimiento de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género, la independencia del poder judicial, las reformas constitucionales sobre las libertades civiles, como la libertad de reunión, de expresión y de religión, y la abolición de la pena de muerte. Además, muchos Estados recomendaron a la delegación que considerara la posibilidad de ratificar tratados internacionales, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Andorra destacó los avances logrados desde su anterior ciclo del EPU, informando de la aplicación de 54 de las 66 recomendaciones aceptadas, y que el resto se encuentran actualmente en curso. La delegación reafirmó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sigue guiando las prioridades nacionales del país. El informe nacional hizo hincapié en los principales avances legislativos, entre ellos la Ley Calificada sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes (2019) y la Ley Calificada sobre la Persona y la Familia (2022), que reforzaron la protección de la infancia y prohibieron el matrimonio antes de los 18 años. Andorra también anunció su intención de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) para 2025. En el ámbito de la igualdad de género, las nuevas leyes promueven la igualdad de trato y de oportunidades, establecen servicios de protección integral para las víctimas de la violencia de género e incluyen planes para despenalizar el aborto durante la actual legislatura. Las recomendaciones a Andorra se centraron en seguir reforzando los derechos de las personas con discapacidad y mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva, promover la igualdad de género, mejorar la participación política y la inclusión de las minorías, combatir la discriminación y el discurso de odio, y reforzar las instituciones nacionales de derechos humanos de conformidad con los Principios de París.

Bulgaria destacó las importantes reformas en materia de Estado de derecho y lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos y el endurecimiento de las medidas contra la discriminación y los delitos de odio, al tiempo que avanzaba en la protección de la libertad religiosa y la independencia de los medios de comunicación. Se observaron avances en materia de igualdad de género, junto con la mejora de los marcos para prevenir y abordar la violencia doméstica. La delegación también subrayó las mejoras en materia de derechos del niño y de inclusión de las personas con discapacidad, junto con los esfuerzos continuos para apoyar la inclusión de la población romaní. Asimismo, informó sobre el amplio apoyo prestado a los refugiados, en particular los procedentes de Ucrania, y sobre las medidas adoptadas para proteger mejor a los apátridas. Además, Bulgaria describió las medidas adoptadas para mejorar la sostenibilidad medioambiental, incluidas las inversiones en transporte limpio, calidad del agua y energías renovables, con casi todas las aguas de baño calificadas como excelentes. Las recomendaciones formuladas a Bulgaria se centraron en la educación y la reducción de las tasas de abandono escolar, especialmente entre los niños romaníes, la mejora de las medidas de lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las libertades civiles, incluida la modificación del Código Penal para proteger a los periodistas. La delegación también recibió numerosas recomendaciones sobre los derechos de la mujer y la violencia doméstica, en su mayoría instándola a considerar la ratificación y aplicación íntegra del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), así como a modificar el Código Penal para tipificar como delito la violación marital y adoptar una definición de violación basada en el consentimiento.

Honduras destacó las mejoras en materia de salud, educación y protección social, incluidas importantes inversiones en salud pública, la reducción del analfabetismo y la ampliación de la cobertura de los comedores escolares. Entre los avances en materia de desarrollo sostenible figuran la suspensión de concesiones en zonas hídricas vitales, el fortalecimiento de los derechos territoriales de los indígenas y afro-hondureños y la puesta en marcha del plan «Deforestación Cero para 2029». Las recomendaciones formuladas a Honduras se centraron en la continuación del fortalecimiento de los mecanismos judiciales para garantizar una investigación transparente y eficiente de los casos de corrupción, la garantía de elecciones libres y justas y la duración constitucional del Estado. También se formularon recomendaciones para garantizar la protección de las mujeres y la comunidad LGBTQI+ y poner fin a la discriminación de las minorías.

Las Islas Marshall destacaron su compromiso con el fortalecimiento de la gobernanza, la transparencia y las medidas contra la corrupción, incluidos los esfuerzos para establecer una institución nacional de derechos humanos. La delegación también informó sobre los avances en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Se hizo hincapié en la aplicación del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2025-2030 y en el fortalecimiento de la protección de las mujeres y los niños. Las Islas Marshall subrayaron los graves efectos del cambio climático y su legado nuclear, y detallaron las medidas de adaptación y resiliencia que se están aplicando. Entre las prioridades en materia de educación y salud figuraban la mejora del apoyo a los niños con discapacidad y la mejora de las respuestas a las enfermedades no transmisibles. Las recomendaciones recibidas por el Estado se centraron en el fortalecimiento de la protección de los grupos vulnerables, en particular las mujeres, los niños y los migrantes, contra todas las formas de violencia y discriminación, la mejora de los derechos dentro de los centros de detención y el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos. Varios Estados también recomendaron que las Islas Marshall ratificaran tratados internacionales clave, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Discriminación en la Educación y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Croacia destacó los avances en el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos, incluidas las enmiendas al Código Penal de 2025, en consonancia con la Directiva de la UE contra la trata de seres humanos, y el refuerzo de las medidas de apoyo a las víctimas. La delegación subrayó el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación, señalando que los periodistas no pueden ser procesados penalmente por informar sobre asuntos de interés público. El acceso a la justicia mejoró gracias a la ampliación y la mejora de la financiación de la asistencia jurídica gratuita, especialmente en las zonas rurales y afectadas por terremotos. Las recomendaciones formuladas a Croacia se centraron en reforzar la vigilancia, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de discurso racista y de incitación al odio, en garantizar la igualdad de género mediante la promoción del empleo entre las mujeres y en mejorar la inclusividad en la educación. El Estado también recibió recomendaciones centradas en subsanar las deficiencias de su sistema judicial, entre ellas la ineficacia y la falta de transparencia. Además, se formularon varias recomendaciones para ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Jamaica destacó los avances logrados en la lucha contra la violencia de género y la protección de la infancia mediante la legislación y los planes nacionales. Se señalaron los esfuerzos realizados para mejorar el acceso a la justicia, las condiciones carcelarias y los servicios de rehabilitación, junto con las iniciativas sanitarias destinadas a reducir la transmisión maternoinfantil del VIH. Jamaica también reafirmó el papel de su Grupo de Trabajo Nacional Interministerial contra la Trata de Personas, que mantiene operaciones con la participación de ONG para prevenir la trata, enjuiciar a los delincuentes y proteger a las víctimas. Las recomendaciones formuladas a Jamaica se centraron en los esfuerzos persistentes para combatir la violencia de género y reforzar la aplicación de dichas medidas. También se centraron en la protección de las personas contra la discriminación, en particular los grupos vulnerables como la comunidad LGBTQI+, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos inadecuados. Además, el Estado recibió varias recomendaciones para ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el objetivo de abolir la pena de muerte.

Libia informó de compromisos formales con los derechos humanos y de esfuerzos para abordar la violencia de género mediante tribunales especializados y la formación de la policía. La delegación también hizo hincapié en los proyectos de desarrollo del Gobierno centrados en el saneamiento del agua, las instalaciones sanitarias, la educación y las infraestructuras, y señaló las importantes inversiones realizadas en el sector sanitario, con 64 proyectos de construcción o rehabilitación de hospitales y centros de salud, que proporcionan más de 3.500 camas. Las recomendaciones al Estado se centraron en reformas institucionales y jurídicas para garantizar la igualdad de género, evitar las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, y proteger a los migrantes y refugiados. También se formularon varias recomendaciones sobre el fortalecimiento de las medidas y los derechos para proteger las condiciones en las prisiones y los centros de detención, así como recomendaciones sobre la educación, mejorando la inclusión de los grupos vulnerables y marginados. Además, Libia recibió recomendaciones para ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.