52º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el EPU

Las recomendaciones dirigidas a Namibia abordaron la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, entre ellos el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas. Los Estados también recomendaron a Namibia establecer un mecanismo nacional de prevención y continuar los esfuerzos para mejorar las condiciones de detención. Otras recomendaciones se refirieron a los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y las niñas, los derechos de la infancia, el acceso a la educación y la salud, los derechos de las personas con discapacidad y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

Las recomendaciones dirigidas a Níger abordaron la abolición de la pena de muerte, la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, la cooperación con los mecanismos de derechos humanos, el espacio cívico, la protección de las personas defensoras de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, la lucha contra el terrorismo y las salvaguardias de derechos humanos, la violencia de género, el matrimonio infantil, la educación, la salud y los derechos de las mujeres y de la infancia.

Las recomendaciones dirigidas a Mozambique abordaron la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como los instrumentos pertinentes de la OIT. Otras recomendaciones se refirieron a la protección de la infancia en los conflictos armados, el espacio cívico, el acceso a la justicia, las personas desplazadas internas, la trata de personas, la violencia de género, las personas con discapacidad y la acción climática.

Las recomendaciones dirigidas a Estonia abordaron la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, incluida la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los convenios de la OIT y las convenciones relativas a la apatridia. Otras recomendaciones se refirieron a la igualdad y la no discriminación, los derechos de las personas apátridas y de las personas con ciudadanía indeterminada, los discursos y delitos de odio, los derechos de las mujeres, la violencia de género, la trata de personas, los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a la educación, incluidas cuestiones relacionadas con la política lingüística.

Las recomendaciones dirigidas a Bélgica abordaron la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el fortalecimiento del mecanismo nacional de prevención. Otras recomendaciones se refirieron al Instituto Federal para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, la lucha contra el racismo y la discriminación, la violencia de género, los derechos de la infancia, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Varias recomendaciones abordaron el asilo y las condiciones de acogida, incluido el acceso a los procedimientos, el alojamiento y la atención, el respeto del principio de no devolución, así como la protección de la infancia y de las familias en contextos migratorios.

En su declaración de apertura, Paraguay indicó que su informe nacional había sido preparado con la participación de 66 instituciones del Estado a través de SIMORE Plus, una herramienta utilizada para dar seguimiento a las recomendaciones e integrar un enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas. Las recomendaciones dirigidas a Paraguay abordaron la ratificación de instrumentos internacionales, la independencia y autonomía financiera de la Defensoría del Pueblo, el fortalecimiento continuo de SIMORE Plus, la reducción de la pobreza, la adopción de una ley integral contra la discriminación, los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia, el acceso a la justicia y los derechos económicos, sociales y culturales.

Las recomendaciones dirigidas a Dinamarca abordaron la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Otras recomendaciones se refirieron al racismo y la discriminación, los derechos de las personas migrantes y de las minorías, la inteligencia artificial y la no discriminación en los servicios sociales, los delitos de odio, la igualdad de género, la violencia doméstica, el asilo y la inmigración, la detención, la salud mental, los derechos de la infancia, la vivienda social y la acción climática.

Las recomendaciones dirigidas a Palaos abordaron la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, incluida la Convención contra la Tortura, los mecanismos nacionales de derechos humanos, la educación en derechos humanos, el cambio climático y la resiliencia ante desastres, la trata de personas, la protección social, la salud, la educación, la violencia contra las mujeres, las personas con discapacidad, la infancia y las personas migrantes.

Las recomendaciones dirigidas a Somalia abordaron la ratificación de tratados de derechos humanos, incluida la CEDAW, el Protocolo de Maputo, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las recomendaciones también se refirieron a las reformas constitucionales y legislativas, la lucha contra el terrorismo y las salvaguardias de derechos humanos, las condiciones de detención, la libertad de expresión y la protección de periodistas, la justicia transicional, el acceso a la justicia, la pena de muerte, la trata de personas, la protección social, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, las personas desplazadas internas, los derechos de las mujeres, la infancia afectada por los conflictos armados y la resiliencia climática.

Las recomendaciones dirigidas a Seychelles abordaron la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, la independencia y capacidad de las instituciones nacionales, la administración de justicia, los derechos de la infancia, los derechos de las mujeres, la trata de personas, los derechos de las personas con discapacidad, la no discriminación, la libertad de los medios de comunicación, la reforma penitenciaria, el empleo, la educación y las cuestiones relacionadas con el clima.

Las recomendaciones dirigidas a las Islas Salomón abordaron la ratificación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos. Otras recomendaciones se refirieron a la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y las niñas, los derechos de la infancia, la trata de personas, el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, la salud, la educación, los derechos de las personas con discapacidad, el acceso a la justicia y los mecanismos nacionales de derechos humanos.

Las recomendaciones dirigidas a Letonia abordaron la ratificación de tratados internacionales pendientes, incluida la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Protocolo Facultativo de la CEDAW y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Varias recomendaciones se refirieron al Convenio de Estambul, incluidas recomendaciones para que Letonia siguiera siendo Estado parte del Convenio, garantizara su plena implementación y reforzara las medidas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Otras recomendaciones abordaron la Oficina del Defensor del Pueblo, los discursos y delitos de odio, la legislación contra la discriminación, la igualdad de género, las uniones entre personas del mismo sexo, la tortura y las condiciones de detención, la trata de personas, el acceso a la salud, la educación inclusiva, la educación en lenguas minoritarias, la acción climática, las empresas y los derechos humanos, los derechos de la infancia y las personas con discapacidad.

Las recomendaciones dirigidas a Sierra Leona abordaron la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, la abolición de la pena de muerte, la reforma constitucional, la reforma del sector de la justicia, las condiciones de detención, la lucha contra la corrupción, la libertad de expresión, la participación de las mujeres, la igualdad de género, el matrimonio infantil, la salud, la educación, la protección social y los derechos de la infancia.

Singapur recibió declaraciones de 142 delegaciones. Las recomendaciones abordaron la ratificación de los principales tratados de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención contra la Tortura. Otras recomendaciones se refirieron a la pena de muerte y los castigos corporales, la libertad de expresión y de reunión, el espacio cívico, las personas trabajadoras migrantes, la trata de personas, los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia, las personas con discapacidad, las personas mayores, la protección social, la discriminación en el ámbito laboral, la igualdad y la no discriminación, el cambio climático y la seguridad digital.