Apoyar el EPU: apoyar los derechos humanos sobre el terreno
Para países como Dominica, con recursos limitados y sin representación permanente en Ginebra, el Examen Periódico Universal (EPU) representa una valiosa oportunidad para hacer oír sus prioridades en materia de derechos humanos. Gracias al apoyo del fondo voluntario del EPU, Dominica pudo adherirse a la Convención contra la Tortura, y desde entonces se ha comprometido a aplicar importantes medidas con el apoyo de socios internacionales.
El 23 de junio de 2025, durante la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, se celebró un acto paralelo titulado "The UPR in the regions: impact stories on UPR implementation ". Organizado por la OACDH, brindó la oportunidad de recordar la importancia del apoyo financiero para la aplicación del EPU, a través de ejemplos de varias regiones.
La Sra. Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abrió el debate subrayando que, en un contexto multilateral debilitado, el EPU sigue siendo un mecanismo fundamental para debatir sobre los derechos humanos a escala mundial. Se refirió en particular a la resolución 51/30, adoptada en 2022, que refuerza el papel de los asesores regionales.
El EPU es un mecanismo basado en los principios de igualdad de trato y participación universal. Para garantizarlo, se han creado dos fondos de apoyo: uno para facilitar la participación de los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares (PEID) en el mecanismo; el otro para apoyar la aplicación concreta de las recomendaciones mediante asistencia financiera y técnica. Hasta la fecha, 119 países se han beneficiado de ayudas para participar en las revisiones, y alrededor del 60% de estos beneficiarios proceden de PMA y PEID. El fondo de aplicación ya ha apoyado proyectos en más de 90 países, con 7,4 millones de dólares asignados.
Como demostraron las intervenciones que siguieron, estos asesores han desempeñado un papel clave en diversas iniciativas encaminadas a aplicar las recomendaciones. En Gambia, por ejemplo, las recomendaciones del EPU han permitido reforzar la lucha contra la violencia sexual, gracias a la creación de una unidad especializada y a la mejora de la cooperación entre las fuerzas del orden y los ministerios implicados, lo que ha mejorado los enjuiciamientos y el acceso a la justicia. En el sur de África se han logrado avances concretos: Sudáfrica ha ratificado la Convención sobre Desapariciones Forzadas; Zimbabue y Zambia han abolido la pena de muerte; Mauricio y Botsuana han aprobado leyes sobre discapacidad; en Eswatini está en marcha un proyecto de ley sobre asistencia jurídica. La coordinación con los equipos de la ONU ha reforzado la apropiación del proceso, especialmente en Mauricio, donde la participación de la sociedad civil en el EPU aumentó de 23 a 125 organizaciones entre el 3er y el 4º ciclo, y en Botsuana, donde se ha creado una INDH.
Estos éxitos suelen estar vinculados a la presencia de asesores regionales especializados, que acompañan a los países a lo largo del proceso. Como explicó Juliette de Rivero, Jefa de la Subdivisión del EPU en la OACDH, la misión de los asesores del EPU es ayudar a los Estados miembros y a las partes interesadas a aplicar las recomendaciones del EPU, apoyar a los Estados en la preparación de las sesiones del EPU y establecer mecanismos de seguimiento de las recomendaciones aceptadas. Este trabajo es posible gracias a los fondos del EPU, que se utilizan para financiar proyectos específicos.
Como recordó S.E. el Embajador Hasmik Tolmajian, Representante Permanente de Armenia y miembro del Grupo de Amigos del EPU, al concluir el acto, el EPU es un espacio único para el diálogo constructivo en un contexto mundial marcado por la polarización y las tensiones geopolíticas. El Embajador subrayó la importancia de crear vínculos más fuertes entre las recomendaciones del EPU y la ayuda internacional, para ayudar a los Estados a alinear mejor sus compromisos en materia de derechos humanos con los recursos y conocimientos necesarios y adecuados.