Cómo los Fondos de Contribuciones Voluntarias del EPU apoyan a los Estados

Durante el 62º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el ACNUDH presentó dos informes sobre las actividades de los Fondos de Contribuciones Voluntarias del EPU: el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Participación en el Examen Periódico Universal y el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Asistencia Financiera y Técnica en la Implementación del EPU.

Leídos conjuntamente, los informes muestran cómo estos Fondos apoyan a los Estados a lo largo de todo el ciclo del EPU: desde la preparación de los informes nacionales y la participación en los exámenes en Ginebra hasta la traducción de las recomendaciones aceptadas en acciones concretas a nivel nacional.

“El Fondo ha demostrado ser fundamental para traducir las recomendaciones en resultados tangibles, proporcionando financiación inicial para iniciativas prioritarias en diferentes regiones”, declaró el Sr. Mahamane Cissé-Gouro, Director de la División del Consejo de Derechos Humanos y de los Mecanismos de Tratados.

Esto fue particularmente visible en 2025, cuando los dos Fondos apoyaron los esfuerzos de participación e implementación en todas las regiones, con una atención continua a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Favorecer una participación significativa en el EPU

El Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Participación desempeña un papel clave para garantizar que todos los Estados, incluidos aquellos con recursos limitados o sin representación permanente en Ginebra, puedan participar en el proceso del EPU. En 2025, el Fondo apoyó la participación de 14 delegados de países elegibles en los períodos de sesiones 48º, 49º y 50º del Grupo de Trabajo sobre el EPU, incluidos representantes de Angola, Fiji, Gambia, Madagascar, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, la República Democrática Popular Lao, Lesotho, Jamaica, Liberia, Malawi, Maldivas y las Islas Marshall. De estos delegados, 10 eran mujeres y 4 hombres. Desde su creación, el Fondo ha permitido la participación de 276 delegados de 119 Estados, incluidos 71 países menos adelantados o pequeños Estados insulares en desarrollo.

El Fondo proporciona apoyo directo para la participación presencial. Este apoyo no es meramente logístico. Al cubrir los gastos de viaje y las dietas de las delegaciones elegibles, el Fondo contribuye a garantizar que los Estados puedan presentar sus informes nacionales, explicar su contexto, dialogar con otros Estados y apropiarse de las recomendaciones que reciben.

El Fondo también apoya a los Estados antes del examen, a nivel nacional. En 2025, los asesores del EPU y el personal del ACNUDH apoyaron procesos preparatorios en varios países, entre ellos Eswatini, Etiopía, los Estados Federados de Micronesia, Kiribati, la República Democrática Popular Lao, Liberia, Malawi, Namibia, Panamá, Paraguay, la República de Moldova, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, las Islas Salomón y Tayikistán. En Liberia, por ejemplo, el apoyo al mecanismo nacional de implementación, presentación de informes y seguimiento incluyó sesiones de redacción, consultas con instituciones gubernamentales, la institución nacional de derechos humanos, la sociedad civil, la comunidad diplomática y el equipo de las Naciones Unidas en el país, así como un taller de validación. Este proceso contribuyó a la elaboración de un informe nacional más estructurado y basado en datos, al tiempo que fortaleció la apropiación nacional del proceso.

Traducir las recomendaciones en acciones concretas

El segundo informe se centra en el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Asistencia Financiera y Técnica en la Implementación del EPU. En 2025, el Fondo y los asesores del EPU apoyaron actividades en América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central, Oriente Medio y Norte de África, África Occidental, Central, Oriental y Meridional, así como en Asia Sudoriental. El Fondo recibió 34 propuestas de proyectos y apoyó 30 iniciativas, mientras que se brindó asistencia técnica a 27 Estados, y otros países recibieron apoyo de los asesores regionales y del personal del programa de fortalecimiento de capacidades de los órganos de tratados.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de proyectos implementados en 2025.

Bosnia and Herzegovina

En Bosnia y Herzegovina, el ACNUDH trabajó con el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados, la institución nacional de derechos humanos, miembros del Parlamento, el equipo de las Naciones Unidas en el país, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos para apoyar el seguimiento de las recomendaciones del EPU. Como resultado, las recomendaciones del cuarto ciclo fueron integradas en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2026-2030, así como en el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Inclusión de la Discapacidad del equipo de las Naciones Unidas en el país. Este apoyo también contribuyó a los debates con parlamentarios y organizaciones de personas con discapacidad sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida pública y las exenciones del impuesto sobre el valor añadido para dispositivos de asistencia esenciales. Estos intercambios condujeron a la presentación de un proyecto de decisión para establecer un órgano consultivo de personas con discapacidad dentro de la Asamblea Parlamentaria, así como a una iniciativa legislativa para modificar leyes y reglamentos con el fin de permitir exenciones del impuesto sobre el valor añadido para dispositivos de asistencia.

Benin

En Benin, el Fondo de Contribuciones Voluntarias apoyó iniciativas de fortalecimiento de capacidades a solicitud de la Comisión Beninesa de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia.Estas iniciativas incluyeron un taller sobre monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral, utilizando métodos sensibles al género e inclusivos de la discapacidad, así como un taller de inducción para los miembros de la Comisión Beninesa de Derechos Humanos sobre los Principios de París y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El Fondo también apoyó una campaña de comunicación en lenguas locales para sensibilizar a los grupos vulnerables sobre 22 recomendaciones del EPU, así como una formación destinada a los miembros del mecanismo nacional de implementación, presentación de informes y seguimiento sobre la elaboración de un marco de indicadores vinculado al plan nacional de implementación de las recomendaciones de derechos humanos.

Costa Rica

En Costa Rica, el Fondo apoyó a la Corte Suprema en el fortalecimiento de la capacidad del sistema judicial para responder de manera más eficaz a los casos de violencia de género contra mujeres indígenas. Se organizaron dos reuniones de alto nivel en los territorios indígenas de Talamanca Bribri y Térraba, que reunieron a mujeres líderes indígenas, altas autoridades judiciales y personal judicial. Esta iniciativa permitió identificar medidas de seguimiento, incluida una mejor coordinación con líderes indígenas, la integración de perspectivas interculturales y de género en la práctica judicial, así como una aplicación más sistemática de las normas internacionales de derechos humanos.

Otros ejemplos del informe apuntan en la misma dirección. En Cabo Verde, el Fondo apoyó los esfuerzos para integrar los derechos económicos, sociales y culturales en la planificación nacional del desarrollo. En Turkmenistán, apoyó un proceso participativo de revisión legislativa alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contribuyendo a la elaboración de recomendaciones de reforma y al desarrollo de un proyecto de estrategia nacional sobre discapacidad. En conjunto, estas iniciativas muestran cómo las recomendaciones del EPU pueden constituir puntos de entrada para reformas legislativas, fortalecimiento institucional y políticas públicas más inclusivas.

Una demanda creciente, pero una financiación frágil

Los informes también subrayan un desafío clave: la demanda de apoyo está aumentando, mientras que la financiación sigue siendo limitada e impredecible. En 2025, el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Participación recibió 182.614 dólares de los Estados Unidos en contribuciones procedentes de seis Estados. Esta cifra representó un aumento en comparación con 2024, pero siguió estando por debajo del promedio anual de contribuciones recibidas por el Fondo desde su creación. Sus gastos ascendieron a 232.794 dólares, con un saldo de 561.447 dólares al final del año.

El Fondo para la Implementación recibió 503.726 dólares en 2025, incluidas contribuciones de ocho Estados y de la Organización Internacional de la Francofonía. Durante el mismo período, apoyó 30 iniciativas, asignó 728.209 dólares y registró gastos por 579.363,42 dólares, dejando un saldo de algo más de 1,1 millones de dólares al final del año. El informe señala que el ACNUDH tuvo que supervisar de cerca los gastos para preservar reservas suficientes.

De cara al futuro, la cuestión de la sostenibilidad es clara. Ambos informes también destacan la importancia de los asesores del EPU desplegados en las oficinas regionales del ACNUDH en virtud de la resolución 51/30 del Consejo de Derechos Humanos. Actualmente, su financiación está prevista únicamente hasta el final del cuarto ciclo del EPU, a mediados de 2027.

Para preservar estos avances, responder a las crecientes solicitudes de asistencia y evitar interrupciones a medida que se acerca el quinto ciclo, será esencial contar con una financiación previsible y sostenida.