Conectar los ámbitos: derechos humanos y lucha contra la corrupción
Según Transparency International, de los 8,5 billones de dólares que se gastan anualmente en servicios sanitarios en todo el mundo, alrededor del 7% se pierde debido al fraude y la corrupción. Esto equivale a 560.000 millones de dólares que se desvían cada año, socavando el acceso a la asistencia y el derecho fundamental a la salud. Esta cifra supera con creces el déficit anual estimado de 370.000 millones de dólares necesarios para alcanzar la cobertura sanitaria universal en 2030.
La corrupción alimenta la desconfianza en las instituciones, exacerba las desigualdades y fomenta las violaciones de los derechos humanos. En este contexto, los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, como el Examen Periódico Universal (EPU), desempeñan un papel vital en la lucha contra la corrupción. Según un análisis realizado por Betina Pasteknik, Jefa de Operaciones de la UNCAC Coalition, desde el inicio del EPU, el término «corrupción» sólo se ha mencionado 700 veces en las recomendaciones, lo que representa sólo el 0,6% del número total de recomendaciones. Además, muchas de estas recomendaciones siguen siendo vagas, lo que dificulta su seguimiento y aplicación.
Para abordar esta cuestión, la UNCAC Coalition y UPR Info han elaborado una guía para los defensores de la lucha contra la corrupción. "Bridging anti corruption and human rights efforts" ofrece pasos prácticos y accesibles para que las OSC participen en el proceso del EPU.
La guía subraya que el EPU ofrece varios puntos de entrada para que la sociedad civil participe de manera efectiva, utilizándolo como herramienta para apoyar la defensa nacional y hacer que los Estados rindan cuentas de sus compromisos en la lucha contra la corrupción, incluso mediante la presentación de informes, sugiriendo recomendaciones pertinentes y orientadas a la acción e iniciativas para el seguimiento de la implementación.
"Su proximidad a las comunidades afectadas les permite plantear cuestiones que pasan desapercibidas y abogar por reformas concretas. Al participar en el EPU, las organizaciones anticorrupción adquieren una nueva plataforma para dar forma a las agendas nacionales e internacionales", afirmó Nicoletta Zappile, Directora Adjunta de UPR Info.
Esta guía se presentó durante el evento paralelo Connecting the Dots: Human Rights and Anti-Corruption in Practice, que tuvo el 19 de junio de 2025 en colaboración con el grupo de Estados patrocinadores de la resolución sobre el impacto negativo de la corrupción en los derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), Transparency International y la UNCAC Coalition. El evento puso de relieve las sinergias entre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y el EPU, proporcionando herramientas concretas y compartiendo experiencias destinadas a vincular los esfuerzos de lucha contra la corrupción con la defensa de los derechos humanos.
S.E. Omar Zniber, Embajador de Marruecos y Representante Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, dijo: "Las políticas eficaces para prevenir y combatir la corrupción son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030", y añadió que "los Estados tienen la responsabilidad primordial de prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos derivadas de la corrupción."
Durante la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) se estudiará una resolución liderada por Marruecos en nombre de un grupo de Estados entre los que se encuentran Argentina, Austria, Brasil, Etiopía, Indonesia, Polonia, Reino Unido y Ecuador. Esta iniciativa pretende aclarar las obligaciones procesales y sustantivas de los Estados, basándose en el trabajo del Consejo y de su comité asesor.
Entre las buenas prácticas presentadas, la OACDH citó su asociación en Irak con la Comisión Nacional de Integridad, que sensibiliza a los agentes públicos y a la sociedad civil sobre los vínculos entre corrupción y derechos humanos. También organiza talleres regionales para reforzar el uso de los mecanismos de la ONU en la lucha contra la corrupción. Uno de estos talleres se celebró recientemente en Banjul, Gambia, en colaboración con la INDH, y reunió a representantes de instituciones africanas de derechos humanos, organismos de lucha contra la corrupción, la sociedad civil regional y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para reforzar la cooperación intersectorial.
Marruecos destacó los avances incluidos en su estrategia nacional, en particular a través de la Constitución de 2011, que prevé leyes contra los conflictos de intereses, el uso de información privilegiada y los delitos financieros, así como la creación de la Autoridad Nacional para la Integridad, la Prevención y la Lucha contra la Corrupción. Ecuador, por su parte, presentó su plan nacional 2024-2028, que hace hincapié en la transparencia en la contratación pública, la ética en el servicio público, la participación ciudadana y la protección del espacio cívico, los denunciantes y los defensores de los derechos humanos.
Es esencial reforzar la cooperación entre los mecanismos de derechos humanos y los de lucha contra la corrupción. Andrea Rocca, Advocacy Manager de Transparency International, recordó que inspirarse en las mejores prácticas de los organismos de derechos humanos de la ONU podría mejorar la transparencia, la participación ciudadana y el impacto real de las políticas anticorrupción.
El Mecanismo de Examen de la Aplicación (Implementation Review Mechanism, IRM, en inglés) es el proceso oficial de revisión inter pares establecido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), el único instrumento mundial jurídicamente vinculante en materia de lucha contra la corrupción. Permite evaluar la aplicación de la Convención, identificar lagunas, compartir buenas prácticas y acceder a asistencia técnica. Cada Estado es examinado por dos países con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Aunque el Mecanismo de Examen de la Aplicación (IRM) de la CNUCC es una herramienta clave, tiene limitaciones en términos de transparencia, participación de la sociedad civil y rendición de cuentas. El EPU no lo sustituye, sino que lo complementa y refuerza.
Como subrayó Betina Pasteknik, participando en ambos procesos, las organizaciones de la sociedad civil pueden impulsar reformas más profundas y fomentar un sistema de gobernanza más justo. Animó a hacer un uso estratégico del EPU, subrayando la importancia de las recomendaciones SMART (específicas, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetas a plazos) para garantizar un seguimiento eficaz.