Fortalecer el acceso a la educación en zonas de conflicto: el papel del UPR.
El 18 de septiembre de 2024, durante la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, UPR Info convocó a miembros de la sociedad civil, Estados y otras partes interesadas, para participar en un evento paralelo dedicado al papel del Examen Periódico Universal en la protección de la educación en tiempos de conflicto.
El evento, que tuvo lugar en Ginebra, reunió a un grupo de expertos para subrayar la necesidad de abordar los retos relacionados con la educación que surgen de los conflictos. Por otra parte, sólo el 0,2% del total de las recomendaciones del EPU relacionadas con el derecho de los niños a la educación utilizan explícitamente la terminología de la Educación en Situaciones de Emergencia (EiE). En el debate también se investigaron y reconocieron los posibles usos del EPU como herramienta para abordar tales cuestiones de derechos humanos.
En tiempos de conflicto, el derecho a la educación sigue siendo un derecho fundamental para todos y una forma efectiva de preparar el futuro del Estado una vez que las hostilidades hayan terminado. Mona M'Bikay, Directora Ejecutiva, UPR Info.
El Excmo. Sr. Christophe Payot, Embajador de la Misión Permanente de Bélgica, se hizo eco de estas preocupaciones, subrayando las devastadoras consecuencias a largo plazo que tiene para la paz, la seguridad y el desarrollo sostenibles. Hizo un llamamiento en favor de un enfoque integral y centrado en la infancia para reintegrar a los niños afectados por los conflictos. Reafirmando el compromiso de Bélgica con el avance de los derechos educativos en los conflictos armados a través del EPU, instó a otros Estados a tomar medidas similares.
By the numbers
Aunque se supone que el derecho a la educación debe salvaguardarse incluso en tiempos de conflicto, las estadísticas cuentan una historia diferente. Ilaria Paolazzi, de GCPEA, informó de que se habían producido 3.250 ataques contra escuelas, lo que representa más de la mitad de los ataques totales. Además, el uso militar de las escuelas ha aumentado en más de un 10%, con más de 10.000 estudiantes o educadores heridos, asesinados, secuestrados, detenidos o perjudicados.
MMikiko Ōtani, miembra del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, ofreció una perspectiva personal sobre la relevancia del EPU. Inicialmente escéptica, ahora cree firmemente que este mecanismo político y no coercitivo puede impulsar el cambio, especialmente en su 4º ciclo, en el que las recomendaciones son cada vez más aceptadas por los países. En consecuencia, hizo hincapié en la fuerza del EPU como plataforma de “voz colectiva”, en la que todos los Estados miembros participan por igual y comparten la “obligación colectiva” de apoyar a los Estados en conflicto a través de sus recomendaciones.
También resaltó cómo “el EPU tiene una base legal para abordar el Derecho de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario”, que a menudo se tratan por separado en Nueva York y Ginebra.
Ayman Al-Kenani, de Mwatana for Human Rights, llamó la atención sobre la crítica situación en Yemen, donde 1 239 incidentes han tenido como objetivo instalaciones educativas desde el comienzo de la guerra. Considerando que “la sociedad civil tiene un papel importante que desempeñar”, Ayman Al-Kenani, esbozó cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden participar y tener un impacto en el proceso del EPU, incluyendo la presentación de informes de las partes interesadas a la OACDH y la participación en las sesiones previas de UPR Info, que ofrecen acceso directo a la comunidad internacional.
Ilaria Paolazzi de GCPEA recomendó a los Estados que “no se limiten a respaldar, sino que apliquen plenamente” la Declaración sobre la Escuela Segura de forma que tenga en cuenta las cuestiones de género y la discapacidad. Sin embargo, expresó su preocupación por el hecho de que las recomendaciones de los Estados se centren excesivamente en el reclutamiento de niños, descuidando otros aspectos críticos de la cuestión. Esto se hace eco del análisis de Ayman Al-Kenani, que descubrió que en el último EPU de Yemen hubo 21 recomendaciones relacionadas con el reclutamiento de niños soldados y sólo 6 que abordaban la ocupación militar o la destrucción de instalaciones educativas.
En las observaciones finales, Mikiko Ōtani reafirmó la necesidad de un enfoque holístico de la educación en los conflictos, subrayando la conectividad de las cuestiones de derechos humanos. Señaló que “las restricciones de tiempo del EPU a veces ayudan: se va al grano”. Por último, Ilaria Paolazzi concluyó subrayando que la educación en los conflictos es una preocupación mundial y que el EPU proporciona un instrumento para “avanzar en la rendición de cuentas por los ataques”, “arrojar luz sobre las muchísimas violaciones de los derechos humanos” y “trabajar juntos en recomendaciones independientes”.