El papel clave del poder judicial en la implementación del EPU
Durante la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el 27 de septiembre de 2024, con el apoyo de UPR Info y el International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI), las misiones permanentes de Noruega, Armenia y Fiji reunieron a Estados, miembros de la sociedad civil y otras partes interesadas para participar en un evento paralelo sobre el papel del poder judicial en la promoción de los derechos humanos y para discutir los diferentes enfoques que los profesionales del derecho pueden adoptar para contribuir eficazmente al EPU.
Aunque la participación del poder judicial en el EPU aún no es una práctica generalizada, encierra un potencial sin explotar para garantizar la aplicación de las recomendaciones en materia de derechos humanos. Los jueces y los tribunales son actores clave a la hora de traducir las recomendaciones del EPU en cambios legales aplicables. Como guardianes de la justicia, garantizan que los compromisos internacionales se mantengan dentro de los sistemas jurídicos nacionales, no sólo como gestos simbólicos, sino como compromisos aplicables. Así pues, el poder judicial tiene el poder de convertir simples palabras sobre el papel en una protección significativa para los ciudadanos, pasando de los compromisos políticos a la aplicación jurídica.
Judicial engagement is critical for a full implementation of UPR recommendations. The actions of judges are necessary to address issues related to access to justice, ensure the right to a fair trial and conduct investigations into human rights violations," said Mona M'Bikay, Executive Director of UPR Info.
Como señaló el Excmo. Sr. Tormod Cappelen Endersen, Embajador y Representante Permanente de Noruega, el EPU sirve de «hard stick» para el progreso nacional en materia de derechos humanos. Ningún Estado puede pretender estar libre de desafíos en materia de derechos humanos. Hizo hincapié en la naturaleza multipartita y circular del proceso, que comienza dentro del país e implica a diversos actores. Según él, el impacto efectivo del EPU depende de la participación de todos los actores relevantes, incluido el poder judicial.
En consonancia con la declaración de Mona M'Bikay, directora ejecutiva de UPR Info, Francesca Restifo, abogada principal de derechos humanos de la Institución de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, se explayó sobre el potencial del poder judicial para participar en múltiples niveles del mecanismo del EPU:
- Participando en consultas nacionales para aportar conocimientos jurídicos sobre actualizaciones judiciales, lagunas en la jurisprudencia y jurisprudencia;
- Uniéndose a la delegación oficial del Estado para identificar recomendaciones judicialmente relevantes o siguiendo el diálogo interactivo a través del webcast;
- Reflejar las recomendaciones aceptadas en las decisiones y prácticas judiciales, y aplicar su propia interpretación de los parámetros internacionales para leer la legislación nacional.
Esto se detalla en los Tips to enhance judicial engagement with the United Nations Universal Periodic Review, concebido por el IBAHRI en colaboración con UPR Info.
Good Practices
Ya hay ejemplos de compromiso judicial en el proceso del EPU. En países como Indonesia, Marruecos y Polonia, el poder judicial ha sido integrado activamente en la delegación oficial del Estado, proporcionando liderazgo legal. Además, estados como Moldavia e Italia han dado pasos adicionales al incorporar el poder judicial en su Mecanismo Nacional de Implementación, Informe y Seguimiento (MNIRS), asegurando que la experiencia judicial forme parte del monitoreo y la aplicación continua de las recomendaciones del EPU.
Las recomendaciones del EPU han abordado cada vez más cuestiones relacionadas con el papel de los jueces y la independencia del poder judicial. Por ejemplo, durante el 4.º ciclo, Uruguay instó a México a "continuar los esfuerzos para realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las alegaciones de desapariciones forzadas, llevar a los perpetradores ante la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas, en particular a las familias de las personas desaparecidas". De manera similar, en el 3.º ciclo, Italia recomendó a Turquía que tomara medidas para fortalecer la independencia de su poder judicial.
In The Gambia, the judiciary plays a crucial role in supporting the implementation of UPR recommendations by integrating international human rights treaties into domestic law. While international law is not directly applicable due to the country's dualist legal system, once ratified, these treaties must be domesticated through an act of the National Assembly to have legal effect. In recent years, the judiciary has made significant progress in improving access to justice by deploying judicial officers across all regions of the country. Additionally, the establishment of a Judicial Prison Visiting Committee has helped address delays in criminal trials by regularly reviewing the status of detainees and ensuring timely justice for those in remand or awaiting appeal.
"The National Human Rights Commission also can play a great role in terms of promoting access to justice, because it is an independent state institution that is mandated to promote and protect human rights in the Gambia, " said Mr. Mansour Jobe, Director of Legal Affairs and Investigation at the National Human Rights Commission (NHRC) of The Gambia at the side event.
The NHRC works closely with the Judiciary of The Gambia, the National Agency for Legal Aid, and the Gambia Bar Association to assess progress and identify challenges in access to justice. Through advisory notes, such as advocating for the repeal of restrictive laws like the Public Order Act and calling for the abolition of the death penalty, the NHRC has influenced key legal reforms. The Commission also files amicus curiae briefs and considers joining legal cases that affect human rights, such as defending the Women Amendment Act, which prohibits female genital mutilation.
Por último, el Sr. Roland Kempfle, Juez y Vicepresidente de la Asociación Internacional de Jueces, reflexionó sobre la objetividad de los jueces, basada en la ley. Sin embargo, señaló las lagunas en el conocimiento judicial del derecho internacional de los derechos humanos y abogó por el desarrollo de programas de formación para colmar estas lagunas. Además, dado que la inclusión de los jueces en el EPU depende también de otros poderes del Estado, pidió a los Estados que pongan en marcha mecanismos formales para incluirlos. El Sr. Roland Kempfle insistió además en los Consejos como herramienta de orientación crucial para abordar esos retos.