La lucha contra la corrupción: la necesidad de un espacio para la sociedad civil
Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas ha emitido una declaración conjunta en la que insta a los Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) a proteger y ampliar el espacio cívico en los foros nacionales y mundiales de la lucha contra la corrupción, y a reforzar la inclusividad y la transparencia de su mecanismo de revisión (comunicado de prensa de la OACDH).
«La corrupción amenaza la estabilidad y la seguridad de las sociedades y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas», afirmaron los expertos. Sin embargo, el problema va más allá de la cuestión de gobernanza, ya que constituye una profunda y sistémica amenaza para el cumplimiento de un amplio espectro de derechos humanos. Los expertos advirtieron de los obstáculos perjudiciales que la corrupción impone al avance para «el cambio climático y la justicia medioambiental, el desarrollo, la educación, la salud, el agua y el saneamiento, la independencia judicial, y socava la protección de los defensores de derechos humanos, los periodistas, los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas, y los grupos marginados».
Los expertos también pidieron que las revisiones de la UNCAC tuvieran en cuenta las conclusiones de otros mecanismos pertinentes de la lucha contra la corrupción y de derechos humanos, incluido el Examen Periódico Universal (EPU). La incorporación de las conclusiones del EPU al mecanismo de la UNCAC puede reforzar las revisiones de anticorrupción al poner de relieve el papel crucial de la sociedad civil y la transparencia. Al aprovechar las recomendaciones del EPU, se alienta a los Estados a colaborar de manera significativa con los actores no estatales, colmar las lagunas en materia de rendición de cuentas y garantizar que los esfuerzos de lucha contra la corrupción se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos. Este enfoque hace que el proceso de revisión sea más inclusivo, creíble y eficaz.
Además, el invitar a la sociedad civil y fomentar la colaboración institucional, especialmente con los mecanismos de derechos humanos, puede reforzar la integración de los marcos de derechos humanos y lucha contra la corrupción, así como garantizar que se escuchen y se incluyan las voces y las acciones de la sociedad civil, lo que en última instancia legitima la convención.
Este llamamiento refleja el creciente impulso entre los actores de la sociedad civil. En los últimos meses, UPR Info, junto con la Coalición UNCAC, ha promovido iniciativas concretas como «Bridging Anti-Corruption and Human Rights Efforts» (Tender puentes entre la lucha contra la corrupción y los esfuerzos en materia de derechos humanos), una guía que ayuda a la sociedad civil a utilizar el EPU para abordar la corrupción. El EPU, con su revisión periódica del estado de los derechos humanos en cada Estado, contiene una lista detallada de lo que cada Estado debe hacer para prosperar y ser más resiliente. Al garantizar un mayor cumplimiento de las recomendaciones sobre anticorrupción del EPU, cada Estado garantiza un mayor cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Los expertos mencionaron una tendencia alarmante: «las personas y organizaciones que dicen la verdad al poder —activistas, periodistas, académicos, estudiantes y defensores de los derechos humanos— están siendo silenciadas o castigadas bajo el pretexto de la seguridad nacional, las leyes antiterroristas u otras restricciones». Advirtieron que marginar o limitar la participación de la sociedad civil en las iniciativas anticorrupción socava gravemente tanto la credibilidad como la eficacia de dichos esfuerzos. De ahí el llamamiento urgente a los Estados Partes para que reformen el IRM con el fin de hacerlo más inclusivo, transparente y eficaz en su segunda fase en la 11.ª CoSP de la UNCAC.
La reforma, tal y como subrayan los expertos, requeriría medidas como el inicio de consultas formales con la sociedad civil; el fortalecimiento de la integración de los marcos de derechos humanos y lucha contra la corrupción; el fomento de la transparencia y la participación activa de la sociedad civil en los foros de la UNCAC, y la creación de un mecanismo global para rastrear las represalias contra los defensores de la lucha contra la corrupción.
«Si no se actúa, se corre el riesgo de acelerar la erosión del espacio cívico, debilitar los esfuerzos contra la corrupción y socavar el disfrute de los derechos humanos a nivel mundial», afirmaron los expertos. Los Estados deben demostrar una voluntad política genuina mediante medidas tangibles, no sólo para respetar los principios y obligaciones de la Convención, sino también para proteger y promover los derechos humanos.»