Las Adopciones del EPU en la 56ª Sesión del CDH: Principales Aspectos Destacados

El Reino de Arabia Saudí recibió 354 recomendaciones, de las cuales apoyó 273. La delegación indicó que las recomendaciones recibidas habían sido examinadas por el Comité Permanente de Preparación de Informes -un mecanismo nacional encargado de la aplicación, la presentación de informes y el seguimiento- y por la Comisión de Derechos Humanos. Durante el cuarto ciclo, el país apoyó las recomendaciones sobre la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Durante el examen, Senegal recibió 322 recomendaciones, aceptó 299 y tomó nota de 23. Senegal reiteró su compromiso de aplicar exhaustivamente las recomendaciones aceptadas, en consonancia con un proceso inclusivo en el que participaron las partes interesadas y la sociedad civil. Las recomendaciones aceptadas por Senegal se centraron en gran medida en la intensificación de los esfuerzos para proteger los derechos de los grupos vulnerables, como las mujeres, los niños y los ancianos, así como en la reforma de la Institución Nacional de Derechos Humanos de conformidad con los Principios de París.

China recibió 428 recomendaciones, que fueron examinadas por el mecanismo interdepartamental establecido. Como resultado de este examen, se apoyaron 290 recomendaciones. La delegación destacó que se había reforzado su cooperación con el ACNUDH, en particular mediante intercambios sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, así como sobre la protección de los derechos humanos en el sistema de justicia penal. Funcionarios de la OACDH visitaron China y se reunieron con representantes de los departamentos legislativo y judicial.

La delegación de Malasia informó de que aceptó 223 de las 348 recomendaciones totales; 182 fueron aceptadas totalmente y 41 parcialmente. Mientras tanto, se tomó nota de 125 recomendaciones. Malasia destacó que las recomendaciones señaladas son aquellas que exigen cambios en las leyes y políticas existentes dentro de un plazo impráctico o aquellas que infringen asuntos más allá del alcance actual de consideración de Malasia. La delegación también compartió varios logros alcanzados desde enero de 2024, incluidas las reformas que promueven y protegen los derechos de los grupos vulnerables, las víctimas de acoso sexual y el refuerzo de la seguridad social.

La República Centroafricana aceptó 238 de las 244 recomendaciones recibidas, y sólo tomó nota de 6. Muchas de las recomendaciones aceptadas se centraban en la adhesión y ratificación de instrumentos jurídicos y medidas legislativas e institucionales para reforzar la paz y la seguridad, luchar contra la impunidad, garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos humanos. También hicieron hincapié en la cooperación internacional para el desarrollo de capacidades, la presentación de informes a los órganos de tratados de la ONU y otros órganos, y la organización de elecciones libres, democráticas y transparentes.

Mónaco recibió 147 recomendaciones, de las cuales aceptó 92 y tomó nota de 55. Durante la adopción del informe, Mónaco destacó varios avances realizados en sus esfuerzos por mejorar los derechos humanos. En concreto, desde la última revisión, el Estado monegasco ha aplicado medidas para prevenir el acoso en las escuelas, eliminar los castigos corporales a los niños, mejorar las condiciones en las cárceles, combatir la trata de personas y proteger los derechos de las personas LGBTQI+, incluida la introducción de contratos civiles de solidaridad en 2019. Además, se hizo hincapié en que la definición de violencia doméstica se ajusta ahora estrictamente al convenio del Consejo de Europa.

Belice recibió un total de 166 recomendaciones, de las cuales aceptó 127 y tomó nota de 38. La delegación compartió que se están realizando esfuerzos para establecer una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) en línea con los Principios de París. Además, Belice puso en marcha la Política Nacional de Género, destinada a abordar las deficiencias en materia de salud, educación, empleo y violencia de género a través de un enfoque multisectorial y la aplicación de programas de género en diversos sectores. En cuanto a las recomendaciones de ratificar el 2º Protocolo Facultativo del PIDCP, se destacó que, aunque la pena de muerte sigue formando parte de la legislación, no se aplica desde hace 35 años.

Nigeria examinó 346 recomendaciones a través de su Comité Nacional Interministerial sobre la aplicación del EPU, apoyó 279 y tomó nota de 67. Se destacó que el Parlamento había aprobado enmiendas a la ley por la que se creaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que aumentaría su independencia, garantizaría la seguridad en el cargo de sus miembros y aseguraría su financiación. Además, se creó el comité interministerial para facilitar la aplicación de los resultados del EPU y las obligaciones internacionales.

Mauricio recibió 303 recomendaciones de 121 países. De ellas, 204 fueron aceptadas y 99 tomaron nota. Las recomendaciones aceptadas se centraron principalmente en la mejora de la atención sanitaria, la capacitación de las mujeres, la mejora de la educación, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. La delegación aprovechó la oportunidad para informar de que el Gobierno de Mauricio ha presentado su candidatura al Consejo de Derechos Humanos, para el periodo 2026-2028, durante las elecciones previstas en Nueva York en octubre de 2025.

La delegación de México compartió que la revisión de este año se llevó a cabo en el contexto de las elecciones presidenciales más importantes, que resultaron en la elección de la primera mujer jefe de Estado del país. México recibió 318 recomendaciones, que fueron examinadas durante las consultas con las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales pertinentes, así como con actores de la sociedad civil. Como resultado, México aceptó 304 recomendaciones, lo que supone un índice de aceptación del 96 por ciento. Las recomendaciones aceptadas se centraron en medidas de no discriminación, igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres, entre otras. La delegación también compartió que el país ha ratificado siete tratados internacionales.

Jordania informó de que había recibido 279 recomendaciones, de las que había aceptado 204 y tomado nota de 75. La delegación informó de la aplicación en curso de las disposiciones del Código Penal que tipifican como delito la tortura en todas sus formas. Además, se estaba estudiando la posibilidad de reformar el sistema político y los sectores económico y público, incluidos los esfuerzos de modernización.

Chad aceptó 234 recomendaciones y tomó nota de 8. La delegación compartió que una serie de actividades están dirigidas a popularizar las recomendaciones aceptadas, asegurando que los actores involucrados en el proceso de implementación -tales como organismos administrativos, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de derechos humanos- puedan contribuir plenamente. Chad también destacó que persisten muchos retos en el país, especialmente los derivados de la inseguridad, el cambio climático y la pobreza.

De las 232 recomendaciones recibidas, Malta aceptó 181. La delegación reafirmó el compromiso de Malta de proseguir su labor legislativa para garantizar una sociedad integradora, con especial atención a las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI+. Malta también compartió que la migración sigue siendo un reto importante para el país y la región, y se hicieron varias aclaraciones sobre los procedimientos de detención.

El Congo recibió 244 recomendaciones, de las que aceptó 232 y tomó nota de 12. La delegación destacó los esfuerzos en curso para ratificar varios tratados internacionales, entre ellos la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y otros contra la delincuencia organizada. El Congo también reiteró su compromiso de cooperar con diversas partes interesadas para crear capacidad de protección y promoción de los derechos humanos.