Las Adopciones del EPU en la 57ª Sesión del CDH: Principales Aspectos Destacados

Macedonia del Norte está comprometida con el seguimiento de sus compromisos nacionales de la CIPD25 de Nairobi, el avance de leyes clave sobre los derechos de los grupos vulnerables y el fortalecimiento de la protección de los desplazados forzosos y los apátridas. Además, el país está trabajando para abordar las lagunas en la documentación personal, mejorar las políticas de mitigación del cambio climático y garantizar la cobertura sanitaria universal, incluidos los servicios centrados en los supervivientes para las víctimas de violencia de género y los servicios de salud sexual. También se encuentra en su fase final un nuevo código penal, cuyo objetivo es ajustarse a las normas de la UE y mejorar la protección de los menores en el sistema judicial. El proyecto de código tipificará nuevos delitos, abordará los nuevos retos penales y mejorará las salvaguardias para los niños sospechosos y víctimas.

Vietnam recibió 320 recomendaciones, de las que aceptó 271 y 18 parcialmente. Vietnam pretende implementar las recomendaciones aceptadas a través de un plan nacional integral, que incluirá mecanismos de coordinación, supervisión y evaluación. Está prevista una revisión a medio plazo para evaluar los progresos y abordar las posibles lagunas. Vietnam sigue comprometido con el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la mejora de la mortalidad materna e infantil, la alfabetización, la atención sanitaria, la educación y el acceso al agua potable. El país también da prioridad a la ratificación de los convenios internacionales sobre los derechos de los trabajadores migrantes y a la ampliación del acceso a una educación de calidad, especialmente para los grupos vulnerables, al tiempo que mejora la formación en derechos humanos de los funcionarios del gobierno, los empleados públicos y los jóvenes.

Afganistán aceptó 215 de las 243 recomendaciones, tomó nota de 21 y aceptó 7 parcialmente. Muchas de las recomendaciones aceptadas se centraron en poner fin a la violencia y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los talibanes, cesar la detención arbitraria, el arresto y la tortura de defensores de los derechos humanos y periodistas, combatir la discriminación contra los pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, y eliminar las graves restricciones que actualmente obstaculizan la libertad y los derechos de las mujeres y las niñas. La delegación señaló que, a pesar de los abusos contra los derechos humanos que se producen bajo el régimen de facto de los talibanes, Afganistán ha podido participar en esta sesión de examen del EPU, lo que supone un enorme logro. También hizo hincapié en la importancia de esforzarse por conseguir un gobierno diverso y representativo de todos los que viven en Afganistán, a fin de mitigar los obstáculos que impiden la plena realización de los derechos humanos de todos.

Chipre aceptó 199 de las 236 recomendaciones, y tomó nota de 37 de ellas. Las recomendaciones aceptadas se referían a los derechos de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, y a la mitigación de la violencia de género, la trata de personas y la discriminación. Chipre informó de que muchas recomendaciones se están aplicando actualmente. Una de estas medidas es la creación del Viceministerio de Migración y Protección Internacional, establecido en junio para ayudar a los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

Chile aceptó 324 de las 329 recomendaciones, tomando nota de 4 y aceptando parcialmente una, lo que supone una tasa de aceptación del 98%. Las recomendaciones aceptadas por Chile se centraron en los derechos humanos y las empresas, la prevención de la tortura, las iniciativas contra el cambio climático (con especial atención a convertirse en un país neutro en emisiones de carbono), la mejora del sistema nacional de salud, la protección de los niños, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la protección de los defensores del medio ambiente, las medidas para combatir la brutalidad policial y la igualdad de género. A lo largo del proceso de examen, Chile colaboró con la sociedad civil, y la delegación informó de que ha respondido a más de 100 solicitudes de titulares de mandatos.

Yemen aceptó 201 recomendaciones y tomó nota de 55. La delegación destacó los esfuerzos en curso para conseguir la liberación de los trabajadores humanitarios que habían sido detenidos injustamente y para investigar esos casos. Además, Yemen ha desarrollado una estrategia nacional de derechos humanos para luchar contra la trata de personas. A pesar de los continuos desafíos, incluidos el conflicto y la crisis humanitaria, el gobierno se centra en proporcionar alimentos, refugio, electricidad y otros servicios esenciales a sus ciudadanos mientras trabaja para poner fin al golpe y restaurar la estabilidad.

Eslovaquia aceptó 192 de las 242 recomendaciones, tomó nota de 47 y aceptó parcialmente 3. Las recomendaciones aceptadas por Eslovaquia incluían medidas para mitigar la violencia contra las mujeres, mejorar la inclusión de los romaníes y combatir la discriminación. Las ONG y las INDH contribuyeron al proceso de revisión de Eslovaquia, y algunas recomendaciones ya están en proceso de aplicación.

Nueva Zelanda aceptó 168 de las 259 recomendaciones, y tomó nota de 91 de ellas. Las recomendaciones aceptadas se referían a la violencia familiar y sexual, la justicia penal, la reducción de la pobreza infantil, la crisis del coste de la vida, la educación inclusiva y los derechos de los pueblos indígenas. Nueva Zelanda informó de que está estudiando la posibilidad de adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Las Comoras aceptaron 194 de las 237 recomendaciones, y tomaron nota de 43 de ellas. Entre las áreas de interés figuraban la mejora del acceso a la sanidad, la no discriminación en la educación y la prevención del contrabando y la trata de personas. Las Comoras informaron que participaron en un proceso de EPU inclusivo que buscó el aporte de una comisión compuesta por actores estatales, parlamentarios y de la sociedad civil.

Vanuatu aceptó 169 de las 209 recomendaciones y tomó nota de 40 de ellas. La delegación destacó los pasos iniciales dados hacia el establecimiento de una Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), una recomendación clave. Vanuatu se centra en reforzar los derechos civiles y políticos, lo que incluye proteger a los periodistas de la intimidación y mejorar las estructuras judiciales para aplicar mejor las medidas anticorrupción. También se están haciendo esfuerzos significativos para erradicar la violencia de género, con una política de tolerancia cero para la violencia contra las mujeres. Además, Vanuatu está comprometido con el empoderamiento de las mujeres y las niñas, el refuerzo de la protección legal de los niños y la mejora de los sistemas educativo y sanitario.

Eritrea recibió 293 recomendaciones, de las cuales aceptó 126, tomó nota de 160 y rechazó cinco. La delegación hizo hincapié en su enfoque integrado y multisectorial de los derechos humanos, destacando el establecimiento de un comité de trabajo nacional sobre el EPU para fortalecer la cooperación entre los ministerios del gobierno y las partes interesadas. Eritrea ha realizado importantes avances en materia de educación, elevando la tasa de alfabetización al 85%, construyendo nuevas escuelas e implementando programas de alimentación escolar. El gobierno sigue mejorando su sistema sanitario, con avances en la salud materna y neonatal, la vacunación sistemática y la lucha contra el matrimonio infantil. Eritrea también se centra en el empoderamiento de las mujeres, garantizando su elegibilidad para los roles de toma de decisiones, y la implementación de programas de reducción de la pobreza que priorizan el acceso de las mujeres a los servicios básicos.

Uruguay recibió 274 recomendaciones, aceptando 260 y tomando nota de 14. El país tiene un sólido historial de aplicación de recomendaciones, muchas de las cuales ya están en curso o se han completado. El país ha tomado medidas significativas para abordar la discriminación contra las personas con discapacidad, la incitación al odio y los delitos motivados por el odio. El compromiso de Uruguay con la igualdad de género es evidente en sus políticas para combatir la violencia de género, promover la participación de las mujeres en la política, y poner fin al matrimonio infantil mediante la elevación de la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años. Además, la adopción de un plan nacional de integración para migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, junto con su Plan Nacional de Derechos Humanos 2023-2027, demuestra la dedicación de Uruguay a mejorar la protección de los derechos humanos en todos los sectores.

La República Dominicana ha recibido un total de 256 recomendaciones, de las cuales aceptó 182 y tomó nota de 74. El país está estudiando actualmente reformas legislativas destinadas a erradicar la violencia de género y proteger a las poblaciones vulnerables, en particular las mujeres y los niños. La República Dominicana también está llevando a cabo reformas en la policía nacional, mejorando la formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad pública y fomentando procedimientos judiciales independientes para combatir la corrupción. El lanzamiento de un plan estratégico para una vida libre de violencia para las mujeres subraya su compromiso con la promoción de los derechos de la mujer. Además, han aceptado recomendaciones para combatir eficazmente la discriminación por motivos de género, aumentar las inversiones en servicios sanitarios para reducir la mortalidad materna y neonatal, y reforzar las leyes contra el trabajo infantil y el tráfico de niños.

Camboya aceptó 232 de las 275 recomendaciones, y tomó nota de 43 de ellas. Las prioridades de Camboya incluyen la paz y la estabilidad, la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, la lucha contra el tráfico de seres humanos y la ampliación de la atención sanitaria. Estas prioridades se reflejaron en las recomendaciones que aceptó. Entre los objetivos específicos figuran la aspiración a la cobertura sanitaria universal, la formación profesional para 1,5 millones de jóvenes que viven en la pobreza, la ampliación de los servicios de Internet a todas las escuelas, comunas y centros de salud para 2027, y la implantación de una red de conexión eléctrica que cubra todas las comunas para 2030.