UPR Info y la economía de los derechos humanos
La desigualdad no es accidental. Las barreras al acceso a servicios, recursos y oportunidades suelen ser el resultado de decisiones políticas, marcos legales y normas sociales que los Estados perpetúan o no abordan adecuadamente.
Abordar estas desigualdades requiere un cambio hacia una economía de los derechos humanos, que sitúe a las personas y al planeta en el centro de la toma de decisiones económicas.
Una economía de los derechos humanos utiliza las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos para orientar las políticas fiscales, comerciales, industriales y de inversión, ayudando a los gobiernos a gestionar los compromisos económicos de manera que se priorice la dignidad, la igualdad y la sostenibilidad. En la práctica, esto implica alinear presupuestos, impuestos y planificación económica con los compromisos en materia de derechos humanos, ampliar el espacio fiscal y fortalecer los sistemas de protección social mediante inversiones públicas justas y transparentes.
Estas cuestiones estuvieron en el centro del Impact Exchange 2025, que se celebró el 11 de diciembre bajo el tema “Reducir la desigualdad mediante la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales: no dejar a nadie atrás y promover la economía de los derechos humanos”. Organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) y el Universal Rights Group (URG), con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann (FNF), el Impact Exchange es una nueva plataforma anual que ofrece a los Estados un espacio constructivo para reflexionar sobre la implementación, compartir experiencias, presentar datos de impacto y exponer planes futuros vinculados a los mecanismos de derechos humanos de la ONU. La primera edición se centró en experiencias nacionales que muestran cómo la voluntad política, los recursos y la participación pueden transformar los compromisos del UPR en resultados tangibles.
El Informe World Inequality Report 2026 , recientemente publicado, confirma que las desigualdades —tanto dentro de los países como entre ellos— siguen siendo uno de los obstáculos más importantes para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales.
El UPR tiene el potencial de convertirse en una herramienta poderosa para abordar las causas profundas de la exclusión, siempre que las recomendaciones sean claras, concretas y se dé seguimiento a su implementación.
A lo largo de los ciclos del UPR, los Estados reciben recomendaciones relacionadas con el acceso equitativo a la educación, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la protección social y la reducción de desigualdades estructurales. De manera crucial, el número de recomendaciones vinculadas a los DESC ha aumentado significativamente con el tiempo, reflejando un reconocimiento creciente de que los derechos civiles y políticos no pueden realizarse de manera aislada de las condiciones económicas y sociales.
Entre el primer y el tercer ciclo del UPR, las recomendaciones sobre el derecho a la salud aumentaron casi un 380 %, pasando de 508 a 2,426. Las recomendaciones sobre el derecho a la educación se triplicaron con creces en el mismo período, mientras que las relacionadas con los derechos laborales crecieron casi un 290 %. Incluso en áreas tradicionalmente menos abordadas, como la vivienda, las recomendaciones casi se triplicaron entre ciclos.
UPR Info y los derechos humanos y la economía
Desde 2019, UPR Info ha puesto un énfasis creciente en la relación entre los derechos humanos y la economía, así como en el papel central de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) dentro del Examen Periódico Universal (UPR). El objetivo principal: alentar a los Estados a formular recomendaciones UPR más específicas y concretas sobre DESC, capaces de generar un cambio real sobre el terreno.
Para apoyar esta dinámica, UPR Info ha desarrollado acciones de fortalecimiento de capacidades, incluyendo formaciones dirigidas a diplomáticos en colaboración con la OHCHR, la facilitación de intercambios entre pares y el acompañamiento a defensoras y defensores de los derechos humanos para un compromiso más estratégico y participativo dentro del proceso UPR.
“Implementar las recomendaciones del UPR relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) es esencial para reducir las desigualdades globales, fortalecer la cohesión social y garantizar que todas las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos, sin discriminación."
Mona M’Bikay, Directora Ejecutiva de UPR Info
Durante el Impact Exchange, Mona M’Bikay, Directora Ejecutiva de UPR Info, destacó ejemplos concretos de países que muestran lo que es posible cuando los compromisos del UPR cuentan con voluntad política, recursos adecuados y participación significativa.
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En educación, Sierra Leona abolió las tasas escolares e invirtió en la formación docente, aumentando significativamente la matrícula de niñas, mientras que Portugal reforzó la educación inclusiva para niños migrantes y gitanos, mejorando la retención escolar.
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En salud, Tailandia amplió la cobertura sanitaria universal a niños no documentados y trabajadores migrantes, y Uruguay expandió clínicas móviles rurales e incrementó la inversión en salud sexual y reproductiva.
Las desigualdades de género y la pobreza continúan limitando el disfrute de los DESC a nivel mundial. La participación laboral femenina se mantiene en solo 47 %, limitada por el trabajo de cuidado no remunerado y normas discriminatorias. No obstante, las recomendaciones del UPR han apoyado reformas como la expansión del presupuesto con perspectiva de género en Canadá y el fortalecimiento de los sistemas de protección social en Brasil, Marruecos y Fiji, permitiendo llegar mejor a las poblaciones más vulnerables.
Para que las recomendaciones UPR relacionadas con los DESC generen un impacto duradero, los Estados deben invertir en mecanismos nacionales de seguimiento sólidos, participación inclusiva, datos desagregados y implementación a nivel local. Igualmente importante es formular recomendaciones que fortalezcan los sistemas de protección social, amplíen el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad, promuevan el trabajo decente, aborden las desigualdades económicas de género y fomenten políticas fiscales y redistributivas basadas en los derechos humanos.
Como concluyó M’Bikay, este momento requiere un renovado compromiso con la implementación concreta, la participación significativa y el cambio transformador, así como la promoción de una economía de los derechos humanos que beneficie a las personas y al planeta.