45ª sesión del Grupo de Trabajo del EPU: aspectos más destacados

Arabia Saudí inició la 45ª sesión del Grupo de Trabajo del EPU recibiendo un total de 354 recomendaciones. Entre los puntos clave debatidos estuvieron la protección de los derechos y la participación de las mujeres, los derechos de los trabajadores migrantes y la protección de la libertad de expresión de periodistas y defensores de los derechos humanos. Los derechos de los niños fueron otro de los puntos de conversación, con Estados que pidieron la prohibición del matrimonio para los menores de 18 años y la abolición de la pena de muerte, haciendo hincapié en la abolición de la pena de muerte para los menores de 18 años. En cuanto a los avances, Arabia Saudí destacó el aumento de sus medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el mercado laboral. El compromiso con la educación impulsó la creación de 1.000 proyectos educativos. Estos proyectos beneficiaron a más de 700.000 niños y redujeron la tasa de analfabetismo en un 3,7%.

Le siguió Senegal, que recibió 322 recomendaciones. Las recomendaciones formuladas se centraron en el fortalecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en consonancia con los Principios de París, la adopción de leyes para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos y la modificación de la legislación senegalesa para tipificar como delito la tortura. Otras recomendaciones se refirieron al aumento de la financiación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y a la concienciación sobre el cambio climático mediante la instalación de sistemas de alerta temprana de fenómenos meteorológicos extremos. La delegación senegalesa destacó los diversos programas y planes iniciados en el marco del Plan para un Senegal Emergente (PES) destinados a reforzar la protección social, la empleabilidad de los jóvenes, la capacitación de las mujeres y la mejora del acceso a los servicios sociales básicos en las zonas urbanas y rurales, así como los esfuerzos realizados en los ámbitos de la sanidad, la educación y la gestión de los casos de apatridia.

China recibió 428 recomendaciones de los Estados recomendantes. Estas recomendaciones se centraron en garantizar los derechos de las minorías étnicas, adoptar legislación para poner fin a la discriminación por orientación sexual o identidad de género y proteger a periodistas, defensores de los derechos humanos y abogados de ser objeto de ataques por ejercer sus derechos de expresión, asociación y reunión pacífica. Otras recomendaciones instaron a China a promover la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), reducir su consumo de combustibles fósiles e incrementar sus esfuerzos de mitigación del cambio climático. China también recibió recomendaciones para ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), garantizar que las empresas respetan los derechos humanos, reforzar y proteger los derechos del pueblo tibetano y proteger la libertad religiosa de los uigures. Durante la sesión del Grupo de Trabajo, la Delegación china destacó la estrategia de desarrollo para aliviar la pobreza.

Como colofón a la segunda jornada, Nigeria recibió 346 recomendaciones. Durante su examen, Nigeria destacó sus logros en la lucha contra el uso de la tortura y la protección de los derechos de los niños. La Ley contra la Tortura de Nigeria pone de relieve la tolerancia cero del Estado ante el uso de la tortura y su Ley de Derechos del Niño destaca el compromiso del Estado con la defensa de los derechos de los niños. Proteger y garantizar los derechos de la mujer, luchar contra la trata de personas, aplicar estrategias nacionales para erradicar el trabajo infantil y los matrimonios forzados de niños, así como despenalizar las relaciones entre adultos del mismo sexo, fueron algunas de las recomendaciones dadas a Nigeria. Otras recomendaciones pedían la aprobación de la Ley de Género e Igualdad de Oportunidades, así como el establecimiento de una moratoria temporal formal de la pena de muerte. En respuesta a la recomendación sobre los matrimonios precoces forzados, Nigeria declaró que su visión para 2030 implica el fin de los matrimonios infantiles.

Mauricio recibió 303 recomendaciones. Durante el examen, Mauricio llamó la atención sobre su labor de mejora de los derechos de las personas con discapacidad a través de su Ley de Igualdad de Oportunidades y su Ley de Potenciación de la Discapacidad, cuyo objetivo es eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. Entre las recomendaciones de Mauricio figuraban la ratificación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CRMW), la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED) y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), cuyo objetivo es abolir la pena de muerte. Otras recomendaciones se centraron en el fomento de la participación de la mujer, la lucha contra la violencia y los malos tratos a las personas con discapacidad, y la sensibilización sobre el cambio climático.

A continuación, México recibió 318 recomendaciones. Estas recomendaciones se centraron en la implementación de políticas para garantizar los derechos de los migrantes, los solicitantes de asilo y los desplazados internos, la adopción de medidas para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, la implementación de leyes y políticas para reducir la discriminación hacia los pueblos indígenas y los afromexicanos, y la protección de los derechos de los periodistas. Otras recomendaciones alentaron a México a adoptar y aplicar políticas nacionales para erradicar los desplazamientos forzados, incorporar medidas adicionales para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, redoblar sus esfuerzos para combatir la trata de personas, así como adoptar mecanismos para la identificación de las víctimas. En términos de progreso, el Programa Nacional de Derechos Humanos de México ha tenido un gran éxito, ya que el programa ha contribuido a grandes aumentos en la reducción de la pobreza: 5,1 millones de personas ya no viven en la pobreza. Además, el Estado mexicano ha impulsado la Nueva Política de Salarios Mínimos que busca atender la deuda histórica de dignificar el salario de los trabajadores que menos ganan. En 2022, México ratificó la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Durante el periodo examinado, Jordania recibió 279 recomendaciones. Entre ellas se pedía que protegiera los derechos de las personas discapacitadas, que garantizara la aplicación de todas las medidas para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, y numerosas recomendaciones para que adoptara una moratoria sobre la pena de muerte. Además, los Estados recomendaron a Jordania que ratificara el PIDCP y la CRMW. Jordania ha tomado medidas positivas para defender los derechos digitales a través de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es proteger el derecho a la intimidad. También se han introducido modificaciones legislativas para mejorar la igualdad de oportunidades para las mujeres y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, sobre todo definiendo y penalizando el acoso sexual.

Malasia recibió 348 recomendaciones. Estas recomendaciones incluían la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los Estados también recomendaron a Malaisia que siguiera protegiendo los derechos de las mujeres, siguiera garantizando que los defensores de los derechos humanos pudieran desempeñar su labor sin temor y redoblara sus esfuerzos para elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años. Malasia se ha esforzado por abordar cuestiones como la violencia doméstica a través de un comité de múltiples partes interesadas que abordará y concienciará sobre el problema de la violencia doméstica. Además, Malasia revisó la Directriz sobre el Tratamiento de los Casos de Violencia Doméstica. La directriz actualizada incluía la introducción de programas de rehabilitación para los agresores y procedimientos simplificados para las Órdenes de Protección de Emergencia y los Centros Únicos de Crisis. Además, Malasia había promulgado la Ley contra el Acoso.

La República Centroafricana recibió 244 recomendaciones. Para mejorar las condiciones de los derechos humanos, la República Centroafricana ha creado un plan quinquenal que abordará los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos, así como la paz, la seguridad y el desarrollo. Durante el periodo examinado, los Estados recomendaron a la República Centroafricana que ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, reforzara las instituciones nacionales de derechos humanos de acuerdo con los Principios de París, adoptara leyes integrales para combatir todas las formas de discriminación hacia las diferentes etnias y creencias religiosas, y redoblara sus esfuerzos para garantizar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas. En respuesta a la necesidad de mejorar el acceso a la justicia, la República Centroafricana, en colaboración con la MINUSCA y la comunidad internacional, amplió el mandato del Tribunal Penal Especial. Se formó una Unidad Conjunta para abordar y combatir con rapidez la violencia sexual contra mujeres y niños en contextos de conflicto, garantizando la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.

Mónaco recibió el menor número de recomendaciones, con 147. Los Estados recomendaron a Mónaco que ratificara la CPED, la UNCAT, la ICRMW, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entre las recomendaciones también figuraban la formulación y aplicación de mecanismos integrales para combatir la violencia, los malos tratos y el abandono infantil, la eliminación de la discriminación racial, la intensificación de los esfuerzos para mejorar la salud de la mujer y la intensificación de los esfuerzos para que las mujeres se incorporen al mercado laboral. En 2020, Mónaco adoptó un plan nacional dirigido específicamente a la población anciana. Uno de los principales objetivos del gobierno es que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Para lograrlo, el Centro de Coordinación Gerontológica de Mónaco ofrece evaluaciones a domicilio y de salud, y pone en marcha planes personalizados de asistencia médica y social.

En la 45ª sesión del Grupo de Trabajo del EPU, Belice recibió 166 recomendaciones. Las recomendaciones de Belice incluían establecer una Institución Nacional de Derechos Humanos en línea con los Principios de París, garantizar la protección de las mujeres contra la violencia de género, mejorar las medidas para combatir la discriminación de género y garantizar la igualdad salarial para las mujeres, y establecer medidas para poner fin al matrimonio infantil. También se recomendó a Belice que ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. Belice ha realizado esfuerzos específicos para mejorar los derechos de los pueblos indígenas y el bienestar de los reclusos. Como parte de su estrategia integral de lucha contra la corrupción, en 2020 Belice creó, dentro del Ministerio de Función Pública, Reforma Constitucional y Política, una Unidad de Buena Gobernanza para aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Además, en 2023, Belice lanzó una campaña de sensibilización sobre la corrupción.

Chad recibió 242 recomendaciones de los Estados recomendantes. Entre estas recomendaciones figuraban la despenalización de la homosexualidad y el respeto de los derechos de las personas LGBTQ+, el aumento de las medidas para combatir la violencia sexual y de género, la continuación de la lucha contra la pobreza, la promoción del derecho a la educación mediante oportunidades educativas asequibles y el acceso de las mujeres y las niñas a los derechos sexuales y reproductivos, incluida la atención médica. Los Estados también recomendaron a Chad que ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP. Chad se ha comprometido a promover los derechos políticos de las mujeres en la administración pública y a proteger los derechos de las personas con discapacidad.

La República del Congo recibió 244 recomendaciones. Estas recomendaciones se centraron en áreas como la mejora del acceso a una atención sanitaria de calidad, la mejora de la capacitación de las mujeres y su acceso al empleo formal, la mejora de las medidas para prohibir todas las formas de tortura y violencia de género, y el fortalecimiento de los marcos legales e institucionales. Además, los Estados recomendaron que la República del Congo ratificara la CPED y el OPCAT. Para mejorar la situación de los derechos de la mujer, la República del Congo ha adoptado la Ley Mouébara, que ayuda a combatir la violencia contra las mujeres.

Por último, Malta recibió 226 recomendaciones en la 45ª sesión del Grupo de Trabajo del EPU. Mejorar la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa, luchar contra la discriminación racial, proteger y promover los derechos de las minorías, despenalizar el rescate de migrantes en el mar e investigar el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia fueron algunas de las recomendaciones formuladas a Malta. Otras recomendaciones fueron ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, permitir la creación de instituciones nacionales de derechos humanos acordes con los Principios de París y retirar las reservas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Para proteger los derechos de los mayores, Malta diseñó una política estratégica nacional que pretende hacer frente a la discriminación por edad, la discriminación por edad con discapacidad y la atención a la demencia. Malta también ha puesto en marcha una estrategia de lucha contra la trata de seres humanos en todas sus formas.