46º Grupo de Trabajo del EPU: Hechos destacados

Durante sus observaciones iniciales, la delegación camboyana destacó su compromiso con los mecanismos de las Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos y resaltó sus esfuerzos de reducción de la pobreza. Camboya también compartió los avances en materia de igualdad de género y declaró que la aplicación de sus políticas que promueven la participación de las mujeres. La delegación también señaló la importancia de las características nacionales y los contextos locales en su proceso de elaboración de políticas. Entre las recomendaciones formuladas a Camboya figuraba la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con miras a abolir la pena de muerte. Además, varios Estados recomendaron acelerar los esfuerzos para establecer una Institución Nacional de Derechos Humanos alineada con los principios de París. También se hicieron llamamientos para asegurar el acceso al espacio cívico garantizando los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. 

La delegación chilena, representada por los tres poderes del Estado, presentó su Informe Nacional. Chile compartió sus avances en el fortalecimiento de instituciones de derechos humanos como la Defensoría de la Niñez. Adicionalmente, Chile destacó diversos esfuerzos para la protección del clima, mediante la tipificación de delitos ambientales y el reconocimiento del derecho al agua segura y limpia. Además, se destacaron medidas para garantizar que las tecnologías emergentes respeten los derechos humanos, incluyendo la privacidad y la no discriminación. Una de estas medidas fue la creación del Comité Asesor encargado de evaluar el impacto de las fake news en la democracia. Las recomendaciones a Chile se centraron en mejorar los marcos jurídicos para promover y salvaguardar los derechos humanos, incluida la revisión de la Ley Antiterrorista. Numerosos Estados recomendantes destacaron la importancia de mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva para mujeres y niñas. Además, se abordaron los derechos de los pueblos indígenas, y los Estados instaron a Chile a implementar medidas para garantizar su participación significativa.

Durante la presentación de su informe nacional, Vanuatu reconoció las contribuciones de las diversas partes interesadas que participaron en la elaboración del informe, como el Comité Nacional de Derechos Humanos, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, así como los representantes de los jóvenes y las mujeres. Se destacó que Vanuatu ha logrado avances significativos en las tasas de alfabetización de adultos, alcanzando el 89,1% en 2021, con una tasa media de crecimiento del 9% anual. El gobierno está planeando abordar la brecha restante, incluso a través del programa del Banco Asiático de Desarrollo. La delegación también compartió las medidas políticas adoptadas por el gobierno para reforzar el cumplimiento de las obligaciones de Vanuatu relacionadas con los derechos humanos, destacando que estas se dirigen específicamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre las recomendaciones formuladas a Vanuatu figuraban la abolición del matrimonio infantil y el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio de 18 años. Además, se pidió una mayor inclusión de las mujeres en la vida pública y política, incluso mediante la introducción de cuotas. Muchos Estados recomendantes subrayaron la ausencia de leyes nacionales contra la discriminación e instaron a Vanuatu a promulgar legislación exhaustiva para abordar esta cuestión, junto con la aplicación de medidas para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. Por último, se hicieron numerosas recomendaciones sobre la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos.

Al presentar su informe nacional, la delegación de Eslovaquia destacó que la revisión de las recomendaciones recibidas durante este ciclo se llevará a cabo con la asistencia de múltiples partes interesadas, incluido el Consejo Gubernamental para los Derechos Humanos, las Minorías Nacionales y la Igualdad de Género. La delegación también compartió que desde su última revisión, Eslovaquia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recibiendo considerables elogios de los Estados recomendantes. Muchas recomendaciones se centraron en la cuestión de la discriminación contra las minorías, en particular la comunidad gitana. Los Estados recomendantes subrayaron la importancia de su inclusión en la vida pública y destacaron la necesidad de mejorar su acceso a la educación en todos los niveles. Además, hubo varias recomendaciones sobre la protección de los periodistas y la preservación de la libertad de los medios de comunicación. Eslovaquia también recibió recomendaciones relativas a la salvaguarda de los derechos del colectivo LGBTQI+, y numerosos países sugirieron la elaboración de un Plan de Acción y el estudio de legislación para las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Por último, las recomendaciones se centraron en mejorar la Institución Nacional de Derechos Humanos de Eslovaquia para que se ajuste a los Principios de París.

Nueva Zelanda garantizó la inclusión en la preparación de su informe nacional mediante la participación de diversas partes interesadas de todo el país. Para ello se celebraron amplias consultas, que incluyeron visitas a escuelas para recabar las opiniones de los jóvenes.  El país también destacó varios avances en curso, como el Plan de Acción Nacional contra el Racismo y los esfuerzos del gobierno por mejorar el acceso universal al sistema sanitario. Entre las recomendaciones recibidas por Nueva Zelanda figuraba la de mejorar la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en particular los de los maoríes. Varios Estados recomendantes destacaron la necesidad de adoptar un plan de acción para proteger los derechos de las comunidades indígenas y de establecer un mecanismo para combatir la discriminación racial. También se pidió que se intensificaran los esfuerzos para combatir la violencia de género y que se adoptaran medidas para proteger los derechos de los niños con discapacidad. Por último, se recomendó a Nueva Zelanda que ratificara los convenios sobre desapariciones forzadas y sobre los derechos de los trabajadores migrantes.

La Misión Permanente de la República Islámica de Afganistán (PMoIRA) ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra (ONUG) asumió la tarea de preparar el Informe Nacional para el 4º ciclo del EPU, en línea con las obligaciones internacionales y el compromiso nacional con el pueblo afgano. A pesar de una solicitud de aplazamiento debido a la situación actual del país, la mesa del CDH decidió proceder con el examen según lo previsto, con la PMoIRA participando en el proceso. La PMoIRA solicitó contribuciones de organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos para presentar la situación de los derechos humanos en Afganistán. La mayoría de los Estados recomendantes expresaron su preocupación por las prácticas discriminatorias contra mujeres y niñas, e instaron a las autoridades a derogar las leyes que limitan su acceso a la educación y al empleo, a combatir la violencia de género y a poner fin a la discriminación. Otras recomendaciones abordaron cuestiones de derechos civiles, abogando por la libertad de periodistas y defensores de los derechos humanos, la liberación de personas detenidas arbitrariamente y una moratoria de la pena de muerte para cumplir las obligaciones internacionales.

Comoras compartió que la preparación del informe nacional implicó la cooperación con departamentos interministeriales, autoridades regionales y locales, parlamentarios, ancianos, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y medios de comunicación. La delegación destacó las medidas adoptadas para mejorar el marco de protección de los derechos humanos a nivel nacional, que incluían la asignación de recursos adicionales a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aumentando su autonomía financiera y administrativa, así como su independencia general. Varios Estados formularon recomendaciones sobre la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la abolición de la pena de muerte. Comoras también recibió recomendaciones sobre la adopción de medidas para garantizar que las elecciones fueran libres y justas, y sobre el respeto y la protección de las libertades democráticas. Por último, se sugirió que Comoras despenalizara las relaciones homosexuales y estableciera una moratoria sobre la pena de muerte.

Vietnam sigue centrado en garantizar la seguridad social, en particular para los grupos vulnerables, como las personas mayores, las personas con discapacidad y los niños en circunstancias especiales. Además, Viet Nam destacó sus esfuerzos para garantizar el derecho a la salud mediante una exitosa campaña de vacunación contra el Covid-19. En particular, la estrategia de vacunación de Vietnam ha sido elogiada por la Organización Mundial de la Salud por su eficacia y su elevada tasa de cobertura. Entre las recomendaciones recibidas por Vietnam figuraban la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos, así como la ratificación de los principales tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Otras recomendaciones se centraron en la abolición de la pena de muerte, la protección de los defensores de los derechos humanos, la reducción de la pobreza y los derechos de las personas con discapacidad.  

Durante la presentación de su informe nacional, Chipre destacó varias mejoras en sus normas de derechos humanos mediante el fortalecimiento del marco institucional, el refuerzo del contexto legislativo y la mejora de las iniciativas políticas y su aplicación. La delegación también llamó la atención sobre la promulgación por parte de Chipre de una ley para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica con el fin de aplicar más eficazmente el Convenio de Estambul. Chipre recibió varias recomendaciones sobre la adopción de medidas para combatir la incitación al odio, la trata de seres humanos y las diferencias salariales entre hombres y mujeres. En el ámbito de los derechos del niño, se hizo hincapié en la necesidad de mejorar el acceso a la educación y a los servicios sanitarios. Las recomendaciones también sugerían que Chipre se adhiriera a algunos instrumentos internacionales, como los convenios sobre la protección de los trabajadores migrantes y sobre las desapariciones forzadas.

La delegación de la República Dominicana hizo hincapié en su compromiso de aplicar las recomendaciones de ciclos anteriores durante sus observaciones iniciales. Además, destacó los avances en el sector de la educación, especialmente a través de políticas que garantizan la gratuidad de la enseñanza, el acceso a la tecnología y la apertura de centros educativos. La República Dominicana recibió recomendaciones para cursar una invitación permanente a los procedimientos especiales. Algunas recomendaciones instaron al país a mejorar las medidas para combatir la discriminación contra los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y la comunidad LGBTQI+.

La delegación compartió que el informe nacional fue creado por el grupo de expertos del Órgano Interministerial de Derechos Humanos, que también era responsable de supervisar las recomendaciones aceptadas durante el ciclo anterior. Destacó las nuevas enmiendas introducidas en el Código Penal, que mejoran el marco legislativo para la protección de los derechos de los periodistas. Además, Macedonia del Norte llamó la atención sobre la mejora de la cooperación con los instrumentos internacionales y regionales. Las recomendaciones recibidas por Macedonia del Norte sugerían mejorar la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, entre otras cosas ratificando la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios. Algunos Estados recomendantes destacaron la necesidad de combatir más eficazmente la corrupción mediante la adopción de la legislación adecuada. También se instó a Macedonia del Norte a abordar el hacinamiento en las prisiones y a tomar medidas para mejorar las condiciones de detención.

Durante el grupo de trabajo interactivo del EPU, la delegación yemení hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que prestara asistencia financiera y técnica a fin de hacer frente a los problemas humanitarios. También mencionó la celebración de consultas para reforzar los esfuerzos de restablecimiento de la paz. La delegación hizo hincapié en su compromiso con los derechos de la mujer, destacando los esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) mediante la adopción de estrategias nacionales para la igualdad y la participación. Durante el periodo examinado, Yemen recibió recomendaciones relativas al establecimiento de una Institución Nacional de Derechos Humanos y a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario, en particular abordando el reclutamiento de menores. Los Estados también recomendaron a Yemen que mejorara la protección de las mujeres y las niñas elevando la edad mínima para contraer matrimonio y combatiendo la mutilación genital femenina.

Uruguay presentó su Informe Nacional, y afirmó que se había realizado en consulta con organizaciones de la sociedad civil e informó de avances en la implementación de políticas inclusivas dirigidas a la población más vulnerable. La delegación también compartió los progresos realizados en la mejora de los centros de detención mediante la introducción de programas educativos. Uruguay subrayó su compromiso inquebrantable con la implementación de las recomendaciones recibidas, como lo ha hecho en el pasado en materia de detención. La delegación destacó que, siguiendo recomendaciones anteriores, se incorporaron reformas del sistema penitenciario con un enfoque de derechos humanos con el objetivo de rehabilitar a los detenidos. Entre los temas tratados en las recomendaciones figuran los derechos del niño, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra el tráfico de personas. La delegación también recibió recomendaciones en las que se pedía la promoción de la igualdad de género y la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. 

La delegación de Eritrea subrayó su compromiso con el proceso del EPU e informó de que el gobierno ha puesto en marcha un Plan Estratégico Nacional destinado a erradicar prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y los matrimonios de menores para mejorar la protección de los derechos de la mujer. Además, desde su último examen, Eritrea se ha adherido a siete instrumentos regionales y nacionales, entre ellos el Acuerdo de París, el Convenio n.º 182 de la OIT sobre el trabajo infantil y la Carta Africana de los Jóvenes. Durante el Diálogo Interactivo, se instó a Eritrea a cooperar plenamente con los procedimientos especiales de la ONU y a conceder pleno acceso al relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea. En las recomendaciones también se pidió al país que ratificara el 2º Protocolo Facultativo del PIDCP, cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte. Muchos Estados recomendantes expresaron su preocupación por la falta de derechos a la libertad de reunión y de expresión, y pidieron la liberación de defensores de los derechos humanos y periodistas detenidos arbitrariamente por ejercer sus derechos.